| Daniel Bravo Dextre
Las oficinas de la municipalidad provincial de Ica fueron allanadas en la mañana de ayer por parte de la Fiscalía Anticorrupción de Ica y la Policía Judicial, en torno al polémico cambio de zonificación para que opere la fábrica de cerámicas TENGDA Perú SAC.
La fiscalía se ha llevado todo el expediente Nº 4758-2023, de fecha 4 de julio de 2023; además, ha solicitado copia del audio y video de la Sesión Ordinaria, del 5 de setiembre 2024, donde se aprobó el controvertido cambio de zonificación de Zona Agrícola Industrial – ZAI a Gran Industria.
Con el expediente en la mano y la escucha del desarrollo de la sesión, recién el Ministerio Público podrá iniciar las investigaciones preliminares en torno a una presunta corrupción o festinamiento de trámites para favorecer a una transnacional.
El tema se ha convertido en mediático en torno a la oposición que estarían ejerciendo los fundos agrícolas vecinos, quienes aseguran que la fábrica generará un gran impacto ambiental en la zona, por el polvillo que originaría. También habría oposición por parte de las otras fábricas de cerámica que tendrían una gran competencia de precios.
El caso también es mediático, debido a que al hermano de la presidenta Dina Boluarte tendría vinculaciones con la fábrica objetada por los regidores que votaron en contra, basándose en el Informe del gerente de Desarrollo Urbano, ingeniero José Arango Morote, donde expresa su desacuerdo con el cambio de zonificación.
En esa polémica sesión del 5 de setiembre, votaron a favor del cambio de zonificación los regidores José Escate Espinoza, Leydy Loayza Mendoza, Carlos Ponce Aparicio, Nélida Cecilia García Ramos, Ana Huarcaya Pampañaupa, Jorge Hinostroza Alejo y Vicente Paul Astohuamán Junes.
Votaron en contra: Yngrid Ramos Oré, Epifanio Quispe Vilca, Celia Agreda de Raffo, Yesica Puchuri, Josè Antonio Rubio y Silvia Bertolotti Acosta.
Revisión
Con fecha 11 de setiembre, la regidora Leydy Loayza, quien a la vez es funcionaria del ANA Ica, le envía un oficio al gerente general, Luis Humberto Vásquez Cornejo, solicitándole revisión del mencionado Acuerdo de Concejo y exposición de las gerencias de Asesoría Legal y Desarrollo Urbano, así como de la Subgerencia de Obras Privadas, “dada la controversia de opiniones vertidas por los diversos medios, en aras de la transparencia y exposición de argumentos”.
La regidora, a la vez, solicita que su pedido sea sometido al Pleno, a fin de que se revise la Ordenanza aprobada el pasado 5 de setiembre; la cual, como se sabe, ha originado una serie de críticas y especulaciones que ponen en difícil situación a los siete regidores que emitieron voto favorable.
Es entendible la posición de Loayza Mendoza, dado que ella como los demás regidores también tuvieron a la vista el Informe Técnico del subgerente Hugo Altamirano, quien opina a favor del cambio de zonificación con el correspondiente argumento técnico. Como el gerente de Desarrollo Urbano opinó en contra, todo lo actuado pasó a asesoría legal que está a cargo del doctor Enrique García Mendoza, quien con argumento jurídico opinó para que el Acuerdo de Concejo sea aprobado.
Muy distinta es la posición de la regidora Yngrid Ramos, quien asegura que a los regidores no le mostraron ningún Estudio de Impacto Ambiental, por cuyo motivo se reafirma en que se anule ese Acuerdo de Concejo conforme al contundente informe de la GDU.
¿Qué dice el informe?
En el Informe de fecha 22 de agosto, dirigido al gerente de Asesoría Jurídica, el gerente de Desarrollo Urbano hace referencia al Informe de la Asesora Legal que evaluó el caso, donde indica que, en los informes emitidos por la municipalidad distrital de Salas no se ha advertido que la empresa TENGDA Perú SAC en su solicitud haya cumplido con adjuntar “el análisis de impacto a los predios vecinos, requisito que sería indispensable de acuerdo al artículo 123º del D.S. Nº 012-2022 VIVIENDA, debido a que este estudio permitiría saber los efectos directos e indirectos previsibles de dicha actividad (industrial) en el medio ambiente físico y social, a mediano y largo plazo. Para así saber, con precisión que el mismo no cause daño a los predios vecinos y colindantes”.
Esta última precisión la formula el gerente, tomando en cuenta que las empresas agrícolas colindantes se oponen al pedido de cambio de zonificación.
Según los especialistas, en este controvertido caso la última palabra aún no está dicha, ya que los regidores haciendo uso de sus atribuciones en la sesión de mañana jueves muy bien podrían pedir la revisión de los actuados y que los funcionarios competentes nuevamente expongan el pedido de cambio de zonificación.
El problema es que la fiscalía tiene ahora en custodia el expediente físico como parte de la investigación abierta. Como en todas las oficinas siempre queda una copia de los informes, la Gerencia General muy bien podría poner en despacho una copia debidamente fedateada. Sino recurren a este formulismo, podría darse el caso que el acuerdo quede consentido y ya nada se pueda hacer para revertir el orden de cosas.
Si se anula el Acuerdo de Concejo nadie iría preso, porque así la empresa se vería obligada a levantar las observaciones y la fiscalía no tendría una causa que investigar. Si ocurriese todo lo contrario, el fiscal tendría que analizar todos los actuados y comprobar si efectivamente hubieron razones muy poderosas para que los siete regidores en jaque aprueben la zonificación por encima de la opinión del gerente de Desarrollo Urbano. Por lo pronto, la regidora Loayza estaría a salvo por haber pedido la revisión del expediente y una nueva exposición de los funcionarios, antes que intervenga el Ministerio Público. Según la norma el pedido resultaría extemporáneo, a no ser que el Pleno lo respalde mañana y se dé vuelta a la página para que la corporación municipal dedique su tiempo a cosas más provechosas para la ciudad.
