| Por: Luz Mery Canales Trillo
@LuzCanalesTrillo
Vicegobernadora regional de Ica
El crimen y el sicariato siembran el terror en los transportistas y empresarios que intentar salir adelante, pero son extorsionados por sujetos inescrupulosos que -sin piedad- lanzan explosivos a sus viviendas o puestos de trabajo exigiendo cupos para dejarlos trabajar. Las bandas criminales han ido tomando mayor espacio ante la desidia del Estado y la falta de acciones para frenar el hampa. El temor se apoderó de las calles y hoy es la población quien exige la intervención del Estado para combatir y frenar la ola delictiva.
Esta pasividad no solo viene del Ejecutivo sino también del Legislativo. Recientemente se aprobó una ley pro delincuencia, la Ley No 32108, la misma que genera incentivos para el incremento de actividades delictivas, pues limita la aplicación de las normas que sancionan a las organizaciones criminales. Los congresistas de la República, en su afán de aprobar leyes para generarse impunidad y protección ante los casos de corrupción, decidieron promover esta norma que también alcanzó proteger a los delincuentes de arma en mano, organizaciones criminales que hoy tienen el respaldo normativo para delinquir en el Perú.
Por supuesto, urge su derogación para ayudar a frenar la ola de inseguridad en el país. Este mismo pedido es el que hoy lleva a los transportistas de todo el país a tomar las calles y exigir al congreso su derogatoria. A diario asaltan a los transportistas y los delincuentes capturados fácilmente salen en libertad e incluso tienen protección garantista de dicha ley, por lo que es necesario que esta norma sea derogada por el Congreso. Por su parte, este Congreso se niega y evita debates en relación a esta normativa, pero rápidamente han presentado escritos ante las fiscalías sustentándose en esta ley para favorecerse en las imputaciones de corrupción y crimen organizado.
Son varios días de paro en las calles, y el pedido también se dirige al gobierno; la señora Boluarte está más ocupada en el quirófano que en resolver la problemática de inseguridad ciudadana, manteniendo a un ministro del Interior que solo protege a la presidenta y a Cerrón. Tenemos una mandataria que no ha observado ninguna de las tantas leyes inconstitucionales que el Congreso ha aprobado en contra de la población, la señora presidenta solo ha guardado un silencio cómplice ante las disposiciones del Congreso, confirmando que solo es un títere de este Congreso que abiertamente la titeretea; sino escuchemos a Patricia Chirinos cuando dijo “la tenemos que mantener hasta el 2026”
