Ciudadanos de Ica podrán alertar sobre presuntas irregularidades 

Con el objetivo de continuar fortaleciendo la participación de los ciudadanos en el control social gubernamental, la Contraloría General está convocando a los representantes de la sociedad civil organizada y a la población en general de la provincia de Ica a participar de la audiencia pública “La Contraloría te escucha”, en la que podrán alertar situaciones vinculadas al uso inadecuado de los bienes y recursos públicos.

La audiencia se realizará el martes 29 de octubre a las 10:00 de la mañana, en el Colegio de Ingenieros de Ica, situado en la calle Los Nardos N°141, urbanización San Isidro.  

En la cita, las personas podrán advertir casos sobre obras en mal estado, presuntamente sobrevaloradas o paralizadas, así como los referidos al fraccionamiento o direccionamiento en las contrataciones del Estado, entre otras presuntas irregularidades que estén ocurriendo en su localidad o de las que tengan conocimiento.

Posteriormente, un equipo de especialistas analizará dichas alertas para comprobar su veracidad y determinar, si fuera el caso, las acciones de control gubernamental que correspondan.

Previo a la recepción de alertas, la Contraloría General realizará una rendición de cuentas sobre los resultados del control a las entidades públicas de la provincia de Ica.  

Los interesados en asistir o participar de la audiencia tienen plazo para inscribirse hasta el 29 de octubre, en el enlace https://forms.gle/ujo4s4a2M77oJRAn7 o en la sede de la Oficina de Control Institucional de la Municipalidad Provincial de Ica, ubicada la calle Chiclayo N° 460.  Los participantes sólo deben ser mayores de edad y contar con su Documento Nacional de Identidad (DNI).

Ante alguna duda o consulta podrán comunicarse al número 958-970521 o escribir al correo electrónico dpalomino@contraloria.gob.pe.

La Contraloría General, a través de este mecanismo de participación ciudadana, tiene como objetivo generar un espacio virtual para que los ciudadanos presenten sus alertas sobre un presunto uso inadecuado de bienes y recursos públicos, a fin de fortalecer el control social para coadyuvar al control gubernamental. (DBD)

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