La Red de Estudios para el Desarrollo (REDES) identificó que, a diciembre del 2024, los gobiernos locales de Ica apenas llegaron, en conjunto, al 51% de ejecución del presupuesto para obras públicas, que asciende a 1,283 millones de soles. Esto deja 629 millones de soles sin utilizar entre todas las municipalidades del departamento.
“Un bajo nivel de ejecución presupuestal evidencia deficiencias en la gestión de proyectos por parte de las autoridades, que pueden originarse en etapas clave como la formulación del expediente técnico, los procesos de contratación o la ejecución de las intervenciones. Muchos de estos proyectos buscan optimizar la prestación de servicios públicos o extender su cobertura a zonas históricamente desatendidas. En este contexto, la inversión pública es un instrumento fundamental para reducir las brechas de acceso y mejorar los indicadores de desarrollo social y económico”, sostuvo Gustavo Meza, economista de REDES.
Los gobiernos locales con más recursos sin utilizar son la municipalidad de Marcona y la municipalidad de Vista Alegre, ambas de la provincia de Nasca. Estos municipios solo ejecutaron el 46% y el 30% de su presupuesto para inversión pública, respectivamente. Otro gobierno local que dejó un monto considerable de recursos inutilizados es la municipalidad provincial de Ica, con 87.9 millones de soles sin ejecutar. Estas tres municipalidades acumulan más de 292 millones de soles de presupuesto desaprovechado en 2024.
Algunos de los proyectos más importantes a cargo de estos gobiernos locales –que no han cumplido con su cronograma de ejecución para este año– son el mejoramiento del servicio de transitabilidad en la avenida Cutervo en Ica, la creación del sistema de agua potable en el asentamiento humano del Sol en Marcona, y el mejoramiento del servicio de transitabilidad de la carretera que pasa por Guanillo en Vista Alegre.
“La inversión en infraestructura contribuye al aumento de la capacidad productiva de la población, al proporcionar recursos necesarios para optimizar diversas actividades económicas. Por ejemplo, la construcción de puentes mejora la conectividad interurbana, mientras que el asfaltado de carreteras reduce los costos operativos y los tiempos de tránsito, impactando directamente en la eficiencia logística y la competitividad de los productos. Sin embargo, para garantizar la materialización de estos beneficios, es indispensable una gestión eficiente, transparente y estratégica de los recursos asignados, así como una adecuada planificación y supervisión de los proyectos”, sostuvo Meza.
Cabe mencionar que, aunque algunas municipalidades han ejecutado un mayor porcentaje de su presupuesto para proyectos, ninguna de ellas llega al 90%. Encabezando la lista se encuentra la municipalidad de Grocio Prado (Chincha), que logró ejecutar el 82% de su presupuesto de 10.5 millones de soles. Por el contrario, en el último lugar se encuentra la municipalidad de Tibillo (Palpa) que, aunque contaba con un presupuesto de 2 millones de soles, apenas pudo ejecutar el 7%.
¿Cómo se desempeñó el Gobierno Regional de Ica?
El economista Meza explicó que, entre los tres niveles de gobierno –nacional, regional y local–, los gobiernos locales suelen ser los menos eficientes en su ejecución de presupuesto para obras públicas. El año pasado, mientras que el gobierno nacional ejecutó el 91% de su presupuesto, y los gobiernos regionales el 79%, los gobiernos locales solo llegaron al 64%. Sin embargo, el Gobierno Regional (GORE) de Ica también presenta una baja ejecución, con un 70%. Esto posiciona a Ica muy lejos del GORE Junín que ha logrado ejecutar el 92%, o al GORE Ucayali con 89%.
“La ejecución de obras públicas requiere autoridades competentes, con capacidad de planificar, gestionar y optimizar el uso de los recursos asignados. Sin embargo, este proceso enfrenta desafíos adicionales, como la corrupción y la falta de idoneidad de los funcionarios responsables, factores que contribuyen al desvío de fondos hacia actividades no relacionadas con el interés público. Estas limitaciones estructurales impactan negativamente en la eficiencia del gasto público y en la calidad de los proyectos ejecutados, afectando directamente el bienestar de la población”, concluyó Meza.
