Daniel Bravo Dextre
Después de 26 años de ocupación ilegal, por fin los vecinos de la urbanización “Santa Rosa del Palmar” podrán disfrutar de su parque recreativo Nº2 que estuvo en posesión de los damnificados de “Villa el Diluvio”, desde febrero del año 1998, donde fueron reubicados indebidamente por el entonces alcalde Carlos Ramos Loayza.
Ese lote de terreno fue parte de los aportes de la urbanizadora que vendió los lotes a los actuales propietarios, con la finalidad que la comuna habilite un parque recreativo para que los hijos y nietos de los residentes practiquen allí su deporte favorito. Los niños de ese entonces ahora son adultos y padres de familia, y nunca disfrutaron de ese espacio público que fue destinado para tales fines.
La reubicación fue temporal hasta que los ocupantes consigan otro espacio para que puedan vivir. Con el transcurrir de los años, la municipalidad, por insistencia de la Asociación de Propietarios de “Santa Rosa del Palmar”, intentó recuperar el lote invadido y la respuesta fue negativa, porque los posesionarios pensaban que habían adquirido derechos.
Proceso
El proceso para desalojar a los ocupantes ilegales fue largo y tedioso. Al comienzo, el ejecutor coactivo del SAT Ica, en la gestión de Mariano Nacimiento Quispe, emitió hasta dos resoluciones de lanzamiento, el cual se frustró porque el entonces gobernador regional, Rómulo Triveño Pinto, intentando congraciarse con los invasores interpuso un recurso legal argumentando que el lote en disputa era de propiedad del GORE Ica.
La municipalidad y los propietarios residentes reaccionaron, logrando demostrar en la vía judicial que ese lote era parte de los aportes de la lotizadora, con inscripción en escritura pública.
Lanzamiento
De esta manera, obtuvo plena vigencia la Resolución Administrativa Nº 018-2007, de fecha 3 de abril 2007, emitida por la Gerencia de Desarrollo Urbano – GDU, la misma que fue confirmada por la Resolución Administrativa Nº-014-2008, de fecha 14 de enero de 2008, emitida por el alcalde de la comuna iqueña, desde se dispone el desalojo de “Villa el Diluvio”.
Lamentablemente, ambas resoluciones quedaron empantanadas en los trámites burocráticos, motivando que el presidente de la Unión de Propietarios, Luis Jesús Shimabukuro Mayma, el 9 de octubre de 1918, interponga una Demanda Contenciosa Administrativa contra la municipalidad provincial de Ica, con la finalidad de obligarla mediante sentencia firme dar cumplimiento a las citadas resoluciones administrativas.
Es así que el Primer Juzgado Civil, a cargo del juez Christian Linares Molina, con fecha 28 de enero de 2020, emitió la Resolución Nº 22, declarando fundada la demanda y ordenando que la municipalidad -a través del Ejecutor Coactivo del SAT- cumpla con hacer efectivo con lo ordenando en ambas resoluciones administrativas y, por consiguiente, se ejecute el lanzamiento.
Al darse la apelación, mediante Resolución Nº 28, de fecha 30 de abril de 2021, la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Ica declaró infundado el referido recurso y confirmó la sentencia del Primer Juzgado Civil.
La sentencia de la Sala Civil de Ica fue elevada en casación a la Quinta Sala de Derecho Constitucional de la Corte Suprema, cuya última instancia el 21 de octubre del presente año emitió el Auto Casatorio Nº 33387-2022, declarando improcedente dicho recurso, confirmando tácitamente lo resuelto por el juzgado de origen.
Precisamente, en la sesión ordinaria del pasado jueves, Shimabukuro fue autorizado por el Pleno del Concejo para hacer uso de la palabra, donde pidió que el procurador municipal accione ante el Juzgado Civil y se emita en la brevedad posible la orden de lanzamiento que deberá ser ejecutada por el ejecutor coactivo del SAT Ica.
Antes de que se conozca su renuncia, el dirigente vecinal pidió que el gerente del SAT, Gustavo Vera Belli, se abstenga de participar por cuanto antes de llegar a ese cargo de confianza patrocinó legalmente a “Villa el Diluvio” en su calidad de abogado.
El alcalde Carlos Reyes evitó crearse problemas y manifestó que pediría informes a la gerencia de Asesoría Legal y al procurador, a fin de dar cumplimiento al mandato judicial.
En declaraciones a este diario regional, Shimabukuro dijo que esperaba un correcto proceder del procurador y del ejecutor coactivo del SAT, a fin de que se dé cumplimiento a lo resuelto por la Corte Suprema y de una vez se ponga fin a un largo proceso administrativo y judicial, y así los niños y jóvenes de la urbanización puedan gozar de un área recreativa que les corresponde.
Recordó que desde hace tres años viene denunciando la construcción de viviendas de material noble en “Villa el Diluvio”, las mismas que no contarían con la licencia respectiva, tomando en cuenta que la ocupación de ese lote está judicializada.
