Un giro de 180 grados acaba de dar las investigaciones en torno al caso de la niña Gaela, quien fuera víctima de accidente de tránsito el pasado jueves en la intersección de la calle Ayacucho y Luis Gálvez Ronceros, en Chincha.

Tras la última versión que el propio jefe policial de Chincha recogió del propietario del vehículo involucrado (que por cierto se dio a la fuga) Waldo Serna Ortiz manifestó que había alquilado su unidad a Rolando Barrientos Cárdenas desde el pasado 15 de diciembre. Sin embargo, el presunto chófer se encontraba no habido.

Apenas dos días pasaron y el propio involucrado Barrientos Cárdenas habló, supuestamente desde Bolivia, vía llamada telefónica con un medio local, asegurando que no tiene nada que ver en el caso y que misteriosamente el dueño del vehículo lo estaba comprometiendo. Es más, dicha persona se encontraría con una orden de captura por otro delito y que por tal motivo se encontraba en otro país.

Con todos estos indicios y por exigencia del mismo abogado de Renato Lurita Salvatierra (chofer de la mototaxi impactada donde se encuentra la niña) Jorge Cano Ledesma, del Estudio Jurídico Cano & Asociados, solicitó al fiscal Saúl Vargas una exhaustiva investigación, puesto que el caso se tornaba cada vez más complicado.

Es así que luego de participar en una serie de diligencias, como la Inspección Técnica Policial ITP en el mismo lugar de los hechos, luego la revisión del vehículo que se halló la misma noche del accidente en una zona descampada en el sector de Oruro, y tras interrogar al propietario del vehículo, se investigó cada uno de los documentos que éste presentó (dueño del auto) entre ellos un contrato de arrendamiento del vehículo.

Es aquí donde se hizo notar que dicho documento llevaba la firma de un juez de paz, del cual se llegó a ubicar e interrogar, llegando a la conclusión de que las firmas no le pertenecían a dicha autoridad; es decir, el contrato de arrendamiento era falso.

Con esta actitud, se concluye además que el propietario de la unidad ha faltado a la verdad, al adjuntar un contrato de arrendamiento en donde presenta firmas legalizadas por juez de paz de su localidad, pero las mismas han sido desmentidas, hecho declarado ante el fiscal responsable Saúl Vargas, de que la firma y los sellos obrantes no son de su autoría.

«Estamos notando ahora una postura mitómana del dueño del vehículo, quien falta a la verdad y muestra documentos falsos… ¿será responsable del hecho? O estará encubriendo a alguien. La justicia lo tendrá que determinar muy pronto y a eso queremos llegar con mi patrocinado», explicó el abogado Jorge Cano.

(Marco Pachas Castilla)