| Daniel Bravo Dextre

La toma del control de los servicios de agua y desagüe por parte de EMAPICA, ocasionó un daño colateral en más de 800 familias que habitan en residencial La Angostura, debido a que la empresa municipal sólo asumió la administración de los pozos y redes de saneamiento, por lo que se tuvo que cancelar el contrato con los encargados de seguridad en la garita de control.

Es así que el miércoles 29 de enero la junta directiva de la Asociación de Residentes de La Angostura – ARLA difundió copia de la CARTA Nº 005-2025, a través de los grupos de WhatsApp de la residencial, causando enorme alarma entre los residentes y propietarios; pues, se les comunicaba que a partir del sábado 1 de febrero quedaría suspendido el servicio de vigilancia en la residencial.

Por cierto, la carta de ARLA estaba dirigida a la empresa M & V SEGUIRIDAD TOTAL S.R.L. que es la encargada del servicio de vigilancia desde hace varios años. El motivo de la suspensión es que no había recursos financieros para asumir el pago de dicha vigilancia.

De manera que, a partir de las 0:00 horas del sábado último la empresa retiraría todos sus equipos y personal de la caseta de control, incluyendo la vigilancia interna en moto lineal con agente de seguridad armado.

El miércoles y jueves, el chat grupal de moradores de la residencial estalló con múltiples intervenciones, dando una serie de sugerencias para dar solución al grave problema de inseguridad que enfrentarían a partir de las primeras horas del sábado, debido a que la urbanización sería presa fácil de extorsionadores, sicarios, secuestradores, delincuentes raqueteros y otros que suelen movilizarse en motos lineales, mototaxis y diversos vehículos particulares.

Comité de Seguridad

Fue así que cuatro vecinos asumieron de manera voluntaria y espontánea la responsabilidad de darle rápida solución al grave problema de inseguridad que estaban por enfrentar. Es así que se formó el Comité de Emergencia Transitorio de Seguridad Vecinal, el mismo que quedó conformado por los residentes propietarios:  Carmen Raquel Bazán Cabrera, Jesús Emperatriz Fontela La Torre, Roberto Cerpa Flores y Francisco Javier Ramón Massa Pardo; algunos de ellos empresarios y abogados que le dieron solución temporal a la crisis en menos de 24 horas, declarándose en sesión permanente.

Lo primero que hizo el comité fue reunirse con los directivos de la empresa de seguridad, comprometiéndose a asumir el pago del costo del servicio de seguridad ascendente a 12 mil soles mensuales, a partir del 1 de febrero, cuyo plazo ya está corriendo y vencerá en 28 días. El costo es el mismo que ARLA venía pagando.

La misma noche del viernes 31 en que ambas partes firmaron el compromiso de continuar con el servicio, el Comité Proseguridad difundió por los diversos chats del WhatsApp los términos del compromiso asumido, exhortando a los vecinos que abonen en una cuenta bancaria de la misma empresa los montos del servicio de seguridad que venían abonando, proporcionalmente al giro del negocio que tienen y su capacidad económica.

Empresarios de la residencial muy conocidos, a través de los chats personales en las últimas horas han venido expresando su conformidad con los acuerdos de emergencia y han adelantado que darán cierta cantidad para el pago del servicio. Una de las integrantes del comité recepcionará copias de los vouchers para llevar la contabilidad.

A partir de esta experiencia, los residentes ya están buscando constituir un ARLA paralelo que se encargue exclusivamente del servicio de seguridad y vigilancia, y no descartan hacer algunos cambios en la caseta de control.