¡Tu carrito está actualmente vacío!
Ministerio Público logra prisión preventiva contra integrantes de presunta banda “Los Acelerados del Sur”
El Primer Despacho de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Ica, a cargo del fiscal provincial titular Fernando Paul Catacora Pamo, consiguió que se declare fundado el requerimiento de prisión preventiva por el plazo de 18 meses contra los integrantes de la presunta organización criminal denominada “Los Acelerados del…

El Primer Despacho de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Ica, a cargo del fiscal provincial titular Fernando Paul Catacora Pamo, consiguió que se declare fundado el requerimiento de prisión preventiva por el plazo de 18 meses contra los integrantes de la presunta organización criminal denominada “Los Acelerados del Sur”.
Los investigados son Fanny Andrea García Cueto, Ángel Huamán Neyra Sierra, Rolando Rómulo Gregorio Flores (trabajadores de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de Ica); así como Katy Rosmery Castillo Pérez, Marco Antonio Oliveros Espinoza, Enrique Belisario Aliaga Torres, Evelyn Pilar García Yeren, Mirlo Karina Jiménez Benavides, Jorge Cabezudo Bolívar, Pedro Alberto Vara Crispín, Gisela Karina Ramírez Ventura y Martha Elena Centeno Ñañez (tramitadores), quienes afrontan investigación por los delitos de organización criminal, cohecho pasivo propio y otros.
Durante las diversas sesiones de audiencia realizadas ante el Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria, la fiscal adjunta provincial Rosa Karina Sánchez Aburto, responsable del caso, sustentó los presupuestos materiales de la prisión preventiva, demostrando la existencia de fundados y graves elementos de convicción que vinculan a los imputados con los hechos delictivos, la prognosis de una pena superior a cinco años de prisión, peligro de fuga, la proporcionalidad y la duración de la medida.
Estos argumentos fueron acogidos por el órgano jurisdiccional, que el 5 y 10 de noviembre de 2025 impuso la medida coercitiva por el delito de cohecho pasivo propio.
Con esta decisión, el Ministerio Público reafirma su compromiso en la lucha frontal contra la corrupción, actuando con firmeza en la defensa de la legalidad y los intereses del Estado. Esta acción refleja el esfuerzo constante de la institución por sancionar y erradicar los actos ilícitos que atentan contra la administración pública.
