Asegura que paralización de obra hídrica fue de acuerdo a ley

Daniel Bravo Dextre

De manera elocuente, didáctica y con principios de hecho y de derecho, el jefe del Proyecto Especial Tambo Ccaracocha -Petacc-, ingeniero Luis Fernando Murguía Vílchez, le ha respondido a la Contraloría mediante carta notarial diligenciada el miércoles último por medio de la notaría Barnuevo Cuellar, respecto a la alerta que emitiera sobre la suspensión de la obra de afianzamiento hídrico en la cuenca de los ríos Grande, Santa Cruz, Palpa (II etapa).

Sobre el contenido de la Nota de Prensa Nº 968-2025, emitida el pasado 20 de noviembre, la jefatura del Petacc cuestiona a la Contraloría por “pretender imponer que solo el contratista podría suspender el plazo en mérito al artículo 178º, numeral 178.5 del RLCE (Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado), lo cual no es aceptado por la entidad ya que no es aplicable en este caso, pues las partes pueden acordar la suspensión del contrato de ejecución de la obra, en mérito al artículo 34, numeral 34.1 del TUO de la Ley de Contrataciones del Estado Nº 30225”.

Sobre el particular, el Petacc agrega que el acta de suspensión de plazo se sustentó en los principios de Eficacia, Eficiencia y Equidad, contenidos en el artículo 2º del TUO de la Ley de Contrataciones del Estado Nº 30225, aprobada mediante Decreto Supremo Nº 082-2019-EF y sus modificatorias; así como en el numeral 34.1, donde se menciona que el contrato puede modificarse, ya sea por orden de la Entidad o a solicitud del contratista, “para alcanzar la finalidad del contrato de manera oportuna y eficiente. Dichas modificaciones no deben afectar el equilibrio económico financiero del contrato”.

El funcionario resalta en su carta que todo el procedimiento mencionado se hizo “para garantizar la continuidad de la ejecución del proyecto de inversión, ya que la empresa contratista ya había expresado su intención de resolver el contrato en el mes de abril y junio del presente año”.

A manera de queja, Murguía Vilchez menciona que la Contraloría “lejos de generar confianza entre la ciudadanía y las entidades del Estado, anuncia hechos (que son materia de reversión o subsanación mediante acciones de correctivas y preventivas) como acciones ya consumadas, como irregularidades que lindan con lo punible, cuando aún no ha culminado su procedimiento de control, menos aún tiene el descargo de la entidad”.

Agrega que la Contraloría de Ica “hace uso y abuso de sus facultades y anuncia sus situaciones adversas como actos irregulares e ilegales que linda con lo punible, términos que hacen que la población perciba que ya se cometió un hecho irregular, cuando estas situaciones son pasibles de corrección con acciones preventivas y correctivas; sin embargo, ya mancilló la reputación de la entidad y de sus funcionarios”.

Rectificación

En ese sentido, el Petacc está exhortando a la Contraloría Ica a que rectifique la referida nota de prensa en base a los argumentos expuestos; y que, en lo sucesivo considere que sus publicaciones “no sean direccionadas a mellar la reputación de las entidades del Estado y sus funcionarios, caso contrario estaremos tomando las acciones legales que el caso amerite”, finaliza.