Por: Lic. Jesús Acevedo Herrera. Past Decano del Consejo Regional de Ica Colegio de Periodistas del Perú.

La informalidad o la manera como las personas trabajan en la región Ica cada día se torna más difícil, creándose un problema grave y significativo que origina una crisis de pobreza urbana.

Según estudios realizados, casi el 60% de los trabajadores no tienen acceso a tener derechos laborales ni protección social, impulsada por la vulnerabilidad de las micro empresas que dejan a miles de trabajadores sin beneficios importantes para la vida, como salud y educación.

La tasa laboral, según reportes recientes (2024-2025), indican que rondan el 60% o más de empleo informal, afectando de esta manera a cientos de miles de personas que no tienen acceso a la seguridad social (EsSalud), pensiones, vacaciones pagadas o beneficios laborales; además, existen más de 115 mil viviendas informales en la región.

En Ica, la agro-exportación ofrece miles de puestos de trabajo. Sin embargo, se ha comprobado que algunas empresas no respetan los derechos laborales de los trabajadores, quienes, por temor a quedarse sin trabajo, aceptan trabajar a la informalidad. Lo mismo sucede en la mayoría de calles y avenidas de la ciudad, inundada por vendedores ambulantes ¿Qué hacen entonces el gobernador regional, Jorge Hurtado, y el alcalde de Ica, Carlos Reyes?

Podemos decir las causas de la informalidad en Ica: es la falta de empleo formal, siendo -principalmente- la escasez de puestos de trabajo formales adecuados para la población. La informalidad laboral es un problema significativo, con estimaciones recientes que indican que casi el 60% de los trabajadores están empleados de forma informal en la ciudad, y la tasa en la región podría superar el 70%.

La población económicamente activa en el Perú supera los 18 millones de personas. Sin embargo, 13 millones -el 72%- sobreviven en la informalidad, sin estabilidad, sin derechos y sin un piso mínimo de protección social.

Esta no es solo una estadística dura: es la raíz de la pobreza urbana, esa que se reproduce día tras día donde millones trabajan sin regulación laboral, sin seguro, sin pensión y sin la posibilidad real de construir un futuro digno.

El empleo informal, especialmente el independiente, se ha convertido en el refugio forzado de quienes buscan simplemente subsistir en un sistema que los excluye, convirtiendo a la pobreza en una amenaza permanente y no en una excepción.

En este contexto en que vivimos, y estando inmersos en el proceso electoral que se avecina en nuestro país, los partidos políticos que se presentan a través de sus candidatos presidenciales y al Congreso de la República, tienen hasta el 23 de diciembre próximo para presentar sus planes de gobierno. La pregunta es inevitable: ¿Seguirán evadiendo el tema estructural que condena a la mayoría a la informalidad, o por fin asumirán la urgencia de enfrentar esta crisis social que define el país? ¿Qué debe hacer primero este gobierno de transición ante la crisis de la informalidad?

Lo primero que debe hacer es reconocer oficialmente que el Perú vive una emergencia laboral. No es normal que 13 millones de peruanos sobrevivan sin derechos, sin seguro y sin un ingreso estable. Esta crisis no puede seguir escondida,

Después de ese reconocimiento, el gobierno de transición debe actuar en tres frentes inmediatos:

Primero, crear un sistema de formalización express, es decir, en un solo trámite y sin multas, para que cualquier trabajador o emprendedor pueda formalizarse en cuestión de horas. La formalidad debe dejar de ser un castigo y convertirse en una puerta de acceso.

Segundo: implementar un Seguro Social Básico Temporal que cubra la salud primaria y emergencia. No se puede combatir la pobreza si millones están desprotegido ante cualquier enfermedad o accidente; y,

Tercero: las autoridades vigentes de Ica deben reactivar obras publicas pequeñas, pero masivas, como mantenimiento, saneamiento, recuperación urbana.

Estas intervenciones dan empleo inmediato, especialmente en los barrios más golpeados por la pobreza urbana.

En conclusión: un gobierno de transición no puede reformarlo todo, pero sí puede hacer lo esencial, como es proteger al trabajador, abrir la puerta a la formalidad y generar ingresos ya. Lo demás será responsabilidad del siguiente gobierno.