Por: Alfonso Dávila Valenzuela: Escuela Internacional de Posgrado UCV – Lima, Perú.

La formalización de la minería ilegal en el Perú requiere un enfoque integral, estructural y participativo, que supere los errores del pasado y adapte las mejores prácticas internacionales al contexto nacional.

Este breve ensayo articula reformas legales, fortalecimiento institucional, incentivos económicos, acompañamiento técnico y mecanismos de control social, con el objetivo de transformar la minería ilegal en una actividad formal, sostenible y socialmente responsable.

La minería ilegal en el Perú es un fenómeno de gran escala, con más de 300.000 personas involucradas y un impacto económico que supera los $7.400 millones anuales en exportaciones de oro no declaradas; en ese sentido, las regiones más afectadas incluyen Madre de Dios, La Libertad, Puno y la Amazonía, donde esta actividad ha generado deforestación masiva, contaminación por mercurio, violencia, crimen organizado y graves daños sociales y ambientales.

Dentro de este contexto, debo precisar que los intentos previos de formalización, como el REINFO, han tenido resultados muy limitados, dado que sólo el 2% de los inscritos han logrado formalizarse, debido a engorrosos procesos burocráticos, falta de incentivos, debilidad institucional y ausencia de acompañamiento efectivo.

Dentro de este orden de ideas, considero que los principios rectores que deberían gobernar el plan de formalización de la minería tendrían que incluir un enfoque integral y multisectorial, dado que la formalización debe abordar simultáneamente aspectos legales, económicos, sociales y ambientales, y, al mismo tiempo, debería involucrar a los mineros, comunidades, gobiernos regionales, sociedad civil y sector privado; en ese mismo sentido, este proceso de formalización debería estar revestido de simplicidad y transparencia, acompañado de procesos claros, accesibles y libres de corrupción, ofreciendo beneficios tangibles y plazos realistas para la transición, promoviendo prácticas responsables y la inclusión de grupos vulnerables.

La reforma legal y la simplificación de procedimientos demandaría la promulgación de una ley específica para la pequeña minería y minería artesanal (MAPE), que simplifique los requisitos, clarifique la diferencia entre minería informal y minería ilegal, y establezca procedimientos ágiles y digitales; al mismo tiempo, demandaría el registro único y transparente que reemplace el REINFO por una plataforma interoperable (SIPMA), que integre información sobre concesiones, permisos ambientales, contratos y cumplimiento de obligaciones. Por otro lado, resulta indispensable identificar y demarcar zonas aptas para la minería artesanal, evitando la superposición con áreas protegidas y territorios indígenas, siguiendo el modelo de Tanzania y las recomendaciones internacionales.

La formalización de la minería ilegal en el Perú solo será posible con una reforma estructural, incentivos claros, acompañamiento técnico y una gobernanza transparente y participativa; por ende, el éxito depende de la voluntad política, la inversión sostenida y la corresponsabilidad de todos los actores involucrados. Consecuentemente, un plan adecuado para formalizar la minería ilegal en el Perú debe ser integral, gradual y adaptado a la realidad nacional; por ello, recomiendo iniciar simplificando la normativa, fortalecer las instituciones, ofrecer incentivos económicos, acompañar técnicamente a los mineros y garantizar la transparencia y el control social. Considero que sólo así se podría transformar la minería ilegal en una actividad legítima.