– La ciudadanía necesita ver presencia policial efectiva, canales de denuncia accesibles y medidas de prevención que lleguen a todos lados.

La inseguridad en Ica se mantiene como una amenaza constante que afecta la vida de los ciudadanos y la actividad económica de la región. Según datos del INEI, apenas el 13,2% de las personas que han sido víctimas de algún robo, extorsión, secuestro u otro hecho delictivo presenta denuncia ante las autoridades. La gran mayoría opta por no reportar los incidentes, dejando a las fuerzas del orden sin información clave para prevenir y atender los delitos.

Recientemente, la ciudad vivió un episodio que refleja la gravedad del problema: en los exteriores de una discoteca, delincuentes desataron una ráfaga de balazos que dejó siete personas heridas. Este hecho, que podría considerarse puntual, evidencia un patrón preocupante: la ciudadanía convive con hechos violentos que se repiten, mientras la capacidad del Estado para intervenir de manera oportuna sigue siendo limitada.

“Lo primero que se ve afectado es el bienestar de las personas: la inseguridad genera miedo, altera la vida cotidiana y limita la movilidad y el disfrute de los espacios públicos. Esto, a su vez, repercute en la economía, porque negocios locales y emprendimientos turísticos pierden clientes, se desalienta la inversión y se frena el desarrollo regional”, explicó Gabriela Espinar, economista de la Red de Estudios para el Desarrollo (REDES).

El primer semestre de 2025 refleja una tendencia preocupante: a nivel urbano en el país, el 43,6% de las víctimas decide no denunciar porque considera que es una pérdida de tiempo, el motivo más recurrente en todos los ámbitos y en constante crecimiento cada año. Esta percepción de ineficacia debilita la confianza de la población en el sistema de justicia y en las instituciones de seguridad.

La limitada capacidad operativa de la Policía agrava la situación. Ica cuenta con apenas 3,11 efectivos por cada mil habitantes, por debajo del promedio nacional de 3,89 y muy lejos de regiones como Tumbes (6,09) o Tacna (5,57). A ello se suman restricciones en equipamiento, movilidad y condiciones de las comisarías, lo que dificulta la prevención del delito y retrasa la atención de emergencias, manteniendo a la población en un estado permanente de alerta.

La combinación de baja denuncia, percepción de impunidad y cobertura policial insuficiente genera un círculo de vulnerabilidad que afecta tanto a ciudadanos como a empresas y turistas. La persistencia de esta amenaza limita la calidad de vida y frena el desarrollo económico de la región.

“Es fundamental que el Estado garantice resultados concretos: la ciudadanía necesita una estrategia integral de seguridad, con inversión en inteligencia policial, mejor capacidad de respuesta, canales de denuncia accesibles y acciones preventivas sostenidas. Sin estos elementos, la inseguridad seguirá condicionando la vida diaria en Ica”, concluyó Espinar.