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PJ dicta severas condenas por extorsión, porte ilegal de armas y microcomercialización de drogas

El Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial Zona Norte de Chincha, integrada por los jueces Silvana Del Rosario Reyes Toro, Miguel Eduardo Moran Ruíz y Raúl Pedro Muñoz Huamaní, emitió sentencia condenatoria contra una organización criminal dedicada a la extorsión, porte ilegal de armas, tenencia de explosivos y microcomercialización de drogas, reafirmando que estos delitos reciben sanción…

El Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial Zona Norte de Chincha, integrada por los jueces Silvana Del Rosario Reyes Toro, Miguel Eduardo Moran Ruíz y Raúl Pedro Muñoz Huamaní, emitió sentencia condenatoria contra una organización criminal dedicada a la extorsión, porte ilegal de armas, tenencia de explosivos y microcomercialización de drogas, reafirmando que estos delitos reciben sanción ejemplar en defensa de la sociedad y el Estado peruano.

Condenas impuestas:

— Richard Elías Trillo Pariona: (peruano).

º 19 años, 2 meses y 15 días por extorsión agravada en grado de tentativa (dos víctimas).

º 9 años, 4 meses por porte ilegal de armas de fuego y municiones.

º 6 años por microcomercialización de drogas.

º Total: 34 años, 6 meses y 15 días de pena privativa de libertad.

— Eliesser Antonio Peña Peña: (venezonalo).

º 19 años, 2 meses y 15 días por extorsión agravada en grado de tentativa (dos víctimas).

º 6 años por tenencia ilegal de material explosivo.

º Total: 25 años, 2 meses y 15 días de pena privativa de libertad.

— Alex Jesús Bolívar Tello: (peruano).

º 19 años, 2 meses y 15 días por extorsión agravada en grado de tentativa (dos víctimas).

º 6 años por microcomercialización de drogas.

º Total: 25 años, 2 meses y 15 días de pena privativa de libertad.

— Diana Margot Arango Rivas: (peruana).

º 6 años de pena privativa de libertad por microcomercialización de drogas.

— Jeydi Carrión Moreano: (peruana).

º 4 años de pena privativa de libertad por microcomercialización de drogas, convertida en 208 días de prestación de servicios comunitarios.

Reparación civil:

º S/ 5,000 a favor de cada agraviado (Fermín Ramón Graterol Rivas y Naudis Antonio Graterol Rivas), a ser pagados solidariamente por Trillo Pariona, Peña Peña y Bolívar Tello.

º S/ 5,000 a favor del Estado peruano, a ser pagados por Trillo Pariona y Peña Peña, por el delito de tenencia ilegal de material explosivo, además de su inhabilitación definitiva para portar armas de fuego.

º S/ 7,000 a favor del Estado peruano, a ser pagados solidariamente por Trillo Pariona, Carrión Moreano, Bolívar Tello y Arango Rivas, por el delito de microcomecialización de drogas.

Hechos acreditados:

El 8 y 9 de mayo de 2024, los hermanos Fermín Ramón y Naudis Antonio Graterol Rivas, conductores de colectivos de Villa Túpac Amaru – Pisco, denunciaron ser víctimas de extorsión y amenazas de muerte.

Los sentenciados realizaban seguimientos (“reglajes”), enviaban fotografías de los agraviados y de sus movimientos, acompañadas de imágenes de armas de fuego, municiones y explosivos, exigiendo pagos de dinero bajo amenaza de atentar contra ellos y sus familias.

En una de las imágenes remitidas se identificó el rostro de una mujer reflejado en un espejo, reconocida como Paola Esther Torres Torres, lo que permitió a la Policía Nacional del Perú (PNP) iniciar su ubicación y captura, hallándole un artefacto explosivo.

A través de la geolocalización de los celulares utilizados para las amenazas, la PNP logró ubicar a Alex Jesús Bolívar Tello y Diana Margot Arango Rivas, encontrando en su poder 49 envoltorios de droga listos para su comercialización.

Posteriormente fueron capturados Richard Elías Trillo Pariona y Jeydi Carrión Moreano, quienes portaban un revólver, municiones, celulares y más de 100 envoltorios de droga, además de una balanza electrónica.

Las investigaciones continuaron y se logró detener a Eliesser Antonio Peña Peña, quien tenía en su poder un artefacto explosivo (dinamita), una réplica de arma de fuego y un celular con el que realizaba las extorsiones, confirmándose su relación con los demás implicados.

El Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial Zona Norte de Chincha reafirma que la justicia sanciona con severidad a quienes atentan contra la seguridad pública, la salud y la tranquilidad ciudadana. Estos hechos demuestran que los delitos se pagan y que el Poder Judicial mantiene firme su compromiso con la defensa de la legalidad y la protección de la sociedad.