Alianzas, poder y el silencio del Derecho frente a un conflicto que ya no sorprende.

Durante décadas, la guerra fue presentada como una excepción. Un quiebre del orden. Un fracaso del Derecho Internacional. Hoy, en cambio, comienza a percibirse como un escenario permanente. No necesariamente porque existan más conflictos armados que antes, sino porque el mundo ha empezado a convivir con ellos sin asombro, como si fueran parte natural del paisaje político global.

La guerra ya no irrumpe. Se administra, se negocia, se posterga, se justifica, se relativiza. Se convierte en una variable más dentro del cálculo del poder. Y cuando eso ocurre, el verdadero problema no es solo la violencia, sino la normalización del conflicto como forma ordinaria de relación entre Estados.

Vivimos en un mundo de alianzas estratégicas inestables, donde los bloques de poder ya no se organizan en torno a valores universales, sino a intereses coyunturales. Hoy se condena una intervención; mañana se justifica otra. Hoy se invoca el Derecho Internacional; mañana se lo trata como un obstáculo. La coherencia jurídica ha sido desplazada por la conveniencia política.

En este escenario, el Derecho camina detrás de los hechos. No porque carezca de normas, sino porque carece de poder real frente a quienes deciden cuándo aplicarlas y cuándo ignorarlas. La legalidad internacional existe, pero su eficacia depende de la voluntad de los mismos actores que, en muchos casos, se benefician de su incumplimiento.

La tensión global no surge únicamente de los conflictos armados visibles. Surge, sobre todo, de la incertidumbre permanente. Estados que se rearman sin declarar guerra. Potencias que intervienen sin asumir responsabilidad. Gobiernos que hablan de paz mientras financian escenarios de confrontación indirecta. Todo ello configura un mundo en alerta constante, donde la guerra no siempre se declara, pero siempre se prepara. El problema no es solo externo. Los Estados más frágiles económica, institucional o políticamente, son los más expuestos a este nuevo orden. En un contexto de tensión global permanente, las prioridades cambian. Se militariza el discurso, se debilitan las garantías y se justifican restricciones en nombre de la seguridad. El conflicto externo termina erosionando el orden interno.

Aquí el Derecho Penal, el Derecho Constitucional y el Derecho Internacional se cruzan. Porque cuando el mundo se acostumbra a la guerra, también se acostumbra a sacrificar derechos, a tolerar excesos y a aceptar decisiones excepcionales como si fueran normales. El estado de excepción deja de ser verdaderamente excepcional.

La historia demuestra que los mayores retrocesos jurídicos no siempre nacen de dictaduras abiertas, sino de contextos prolongados de miedo, donde la ciudadanía acepta restricciones progresivas a cambio de una promesa de estabilidad. Y en un mundo que vive en tensión constante, el miedo se convierte en un recurso político altamente rentable.

No se trata de negar la existencia de amenazas reales. Se trata de advertir que, cuando el conflicto se vuelve permanente, el Derecho corre el riesgo de volverse ornamental, citado en discursos, pero ignorado en la práctica, invocado para condenar al adversario, pero flexibilizado para justificar al aliado.

La guerra, entonces, deja de ser solo un hecho militar. Se convierte en una categoría política, en una excusa funcional para reorganizar el poder, redefinir límites y desplazar responsabilidades. Y el silencio jurídico frente a esa normalización no es neutral. Es parte del problema.

Acostumbrarse a la guerra no significa aceptarla abiertamente. Significa algo más peligroso. Dejar de cuestionarla. Dejar de exigir coherencia. Dejar de pedir explicaciones. Dejar de sorprenderse cuando el Derecho es desplazado por la fuerza o por el interés.

Tal vez el mayor desafío de nuestro tiempo no sea evitar todos los conflictos una tarea históricamente imposible, sino impedir que la guerra se convierta en una rutina moral y jurídica. Porque cuando eso ocurre, el mundo no solo vive en tensión permanente. Vive en una lenta erosión de los principios que alguna vez prometieron contenerla.

Columna escrita por: ´Pedro Seguisfredo Méndez León, Doctorando en Derecho Penal.