• Así alertan los pequeños agricultores de Villacurí y Lanchas.

En horas de la mañana de ayer, un grupo de pequeños agricultores de las pampas de Villacurí (Ica) y Lanchas en el distrito de Paracas (Pisco), declararon ante la prensa su rechazo ante un proyecto impulsado por la empresa Nova Infra Invest; ello, debido a que dicha iniciativa pretendería imponer el agua bajo condiciones desiguales e injustas para la mayoría de los usuarios del recurso hídrico.
Según señalaron, en el transcurso de los días enviarán una carta dirigida al ministro de Agricultura, Vladimir Cuno Salcedo, con el fin que conozca la problemática que podría perjudicar a las decenas de pequeños agricultores en la región.
Problemática
Luis Quevedo, presidente de la Asociación de Trabajadores Agricultores “Luis Negreiros Vega”, con inscripción en registros públicos N° 165-010204, señaló que ellos vienen sembrando en estos sectores desde el año 1986, sin preocupaciones, debido a que antes el agua alcanzaba para regar las parcelas; no obstante, señalaron que muchos de los 121 socios que eran al inicio terminaron retirándose, dejando una cifra de poco más de 40, ello debido a la escasez de agua que vienen sufriendo desde el año 2007, cuando se comenzaron a secar los pozos que empleaban, y que dicha problemática solo ha ido empeorando con el pasar de los años.
Rolando Prado, presidente del Comité de Gestión para el Fomento del Agua para Villacurí y Lanchas, señaló que el acuífero de Villacurí y Lanchas viene siendo sobreexplotado desde hace varios años, principalmente por grandes empresas agroindustriales que extraen volúmenes de agua por encima de su capacidad de recarga natural. Esta situación, advierte Prado, se ha producido sin un control efectivo ni medidas estructurales por parte del Estado, generando una emergencia hídrica que pone en riesgo la sostenibilidad productiva, social y ambiental de la región.
Añadiendo a esto, Prado indicó que el proyecto anunciado por la empresa privada no corrige este problema estructural, sino que lo profundiza, al concentrar el acceso al agua en pocos usuarios. Precisó, también, que solo 41 usuarios inscritos concentran 19,489 hectáreas, equivalentes al 93% del área cultivada, mientras que a los pequeños agricultores se les exigiría hipotecar sus tierras por 30 años para acceder al agua canalizada, una condición que no se aplica a las grandes agroexportadoras, a quienes solo se les solicita una carta de intención.
Asimismo, los pequeños agricultores advierten que el proyecto no garantiza el abastecimiento de agua durante todo el año, ya que no contempla la construcción de represas ni obras de almacenamiento, limitándose únicamente al uso de excedentes en temporada de lluvias. Esta situación, indican, contraviene lo establecido en la Ley N.º 32434, que obliga al Estado a promover infraestructura de irrigación y conservación hídrica en beneficio directo de los agricultores.
Junta de Usuarios
De igual forma, los agricultores aprovecharon el espacio de la prensa para cuestionar la exclusión institucional que afecta a la mayoría de pequeños productores, quienes cuentan con licencias temporales y no pueden participar en la Junta de Usuarios, pese a representar cerca del 80% de los agricultores. A ello, señalan, se les suma la paralización de los procesos de formalización de tierras, lo que les impide acceder a financiamiento y desarrollo productivo, pese a que la ley reconoce a la agricultura familiar como prioritaria.
Finalmente, los agricultores advirtieron que la crisis hídrica no solo impacta al sector agrario, sino también a la población, el turismo, la industria y la economía regional en su conjunto. En ese contexto, exigieron la declaratoria inmediata de emergencia hídrica en Villacurí y Lanchas, la suspensión del proyecto hasta garantizar condiciones justas, la priorización de infraestructura hídrica estatal y el pronunciamiento del Ministerio de Agricultura, que es el ente técnico que puede ver mejores opciones en beneficio tanto para los pequeños agricultores como para las grandes empresas. (GFC).