Por: Pedro Seguisfredo Méndez León, abogado con Maestría en Derecho Penal y Ciencias Penales con Doctorando en Derecho Penal.

En el Perú, la inseguridad no es una estadística ni un debate técnico; es una experiencia cotidiana. Se vive en la calle, en el transporte, en el negocio que cierra temprano y en la familia que aprende a convivir con el miedo. Y es precisamente en ese escenario donde el ciudadano exige respuestas reales, que cada proceso electoral convierte al Derecho Penal en un espectáculo cuidadosamente montado.

De pronto, los candidatos descubren una vocación punitiva que no mostraron en años y comienzan a ofrecer soluciones tan simples como seductoras: más cárcel, más penas, más control. La fórmula es conocida. Apelar al miedo, amplificar la sensación de caos y presentar la “mano dura” como única salida. Lo complejo la investigación deficiente, la debilidad institucional, la incapacidad del sistema queda fuera del discurso porque no genera aplausos. En ese tránsito, el Derecho Penal deja de ser una herramienta de justicia para convertirse en un recurso de marketing político.

Esta lógica no es nueva. Desde el foro romano hasta el mitin contemporáneo, el poder ha entendido que el castigo también comunica. Antes se ofrecía pan y circo; hoy se ofrece cárcel y firmeza discursiva. Cambian los escenarios, no la estrategia. El mensaje no busca explicar, busca impresionar. Y en política, impresionar suele ser más rentable que resolver.

En ese contexto, el discurso punitivo funciona como una inversión electoral de bajo costo y alto impacto. Prometer castigo no exige técnica ni reforma, basta con proyectar autoridad. No se explica cómo se fortalecerá la investigación fiscal ni cómo se mejorará la calidad de la prueba. Se promete endurecimiento, aun cuando el sistema no tenga cómo sostenerlo. El Derecho Penal se convierte así en un eslogan eficaz, no en una política criminal seria.

El problema es que esa narrativa oculta una verdad incómoda. El Perú no tiene un déficit de leyes, tiene un déficit de justicia. Un sistema que investiga mal, que procesa con lentitud y que no logra sostener acusaciones no puede producir resultados legítimos, por más severas que sean las penas en el papel. Endurecer la ley en ese contexto no resuelve el problema, lo maquilla con apariencia de firmeza.

A pesar de ello, la política insiste en expandir el poder punitivo. Más delitos, más agravantes, más prisión preventiva. Como si el castigo fuera un sustituto de la eficiencia. Y es ahí donde el sistema comienza a deformarse. La excepcionalidad se vuelve regla, la presión mediática sustituye el análisis jurídico y la urgencia desplaza la rigurosidad. La justicia deja de ser un proceso y empieza a parecer una reacción.

El riesgo no es menor. Cuando el castigo se impone sobre bases débiles, lo que se produce no es seguridad sino arbitrariedad. Se debilitan garantías, se incrementan errores y se erosiona la legitimidad del sistema. Un Derecho Penal mal aplicado no protege a la sociedad, la expone a nuevas formas de injusticia que luego nadie quiere asumir.

Pero esta discusión no tiene espacio en campaña. No genera titulares ni votos. Es más rentable prometer firmeza que construir justicia, más sencillo elevar el tono que sostener una política criminal coherente. Así, el aumento de penas termina siendo un gesto simbólico. Se legisla para aparentar control, no para ejercerlo. Se habla de castigo como si el problema fuera la falta de dureza, cuando en realidad es la falta de capacidad.

Conviene entonces preguntarse qué tipo de justicia se está ofreciendo cuando el castigo se convierte en promesa electoral. ¿Una justicia orientada a resolver conflictos reales o una diseñada para satisfacer expectativas inmediatas? La diferencia es sustancial. En el primer caso, el sistema busca funcionar; en el segundo, solo busca parecer que funciona. Y entre parecer y funcionar, el Derecho Penal pierde su sentido.

Desde una perspectiva jurídica, el problema no es la falta de castigo, sino su uso distorsionado. Cuando el Derecho Penal se convierte en herramienta de persuasión política, pierde su función de límite y se transforma en instrumento. Y cuando el castigo deja de ser una respuesta racional para convertirse en un mensaje, el sistema ya no está operando con criterios jurídicos sino con lógica de escenario.

La política puede simplificar; el Derecho Penal no. La política puede ganar elecciones con promesas de firmeza; la justicia solo se sostiene con rigor, técnica y coherencia. Cuando esa diferencia se diluye, lo que se pierde no es solo eficacia, es legitimidad. Y cuando se pierde legitimidad el sistema sigue existiendo, pero deja de ser confiable.

Al final, la discusión no debería girar en torno a cuántos años de pena se imponen, sino a cuánta justicia real es capaz de producir el sistema. Porque un país no se mide por la dureza de sus leyes, sino por la calidad de su justicia. Lo demás es ruido, y el ruido no resuelve delitos.

El uso del Derecho Penal como herramienta electoral no es un error, es una estrategia. Se explota el miedo, se prometen respuestas inmediatas y se construye una apariencia de control que rara vez se traduce en resultados. Se endurecen leyes que no se aplican, se crean delitos que no se investigan y se anuncian reformas que no transforman nada. Es una forma sofisticada de simulación jurídica donde el problema no se resuelve, pero se administra políticamente.

Y en ese escenario, la pregunta deja de ser técnica para volverse inevitablemente ética. ¿Qué tipo de Estado se construye cuando el castigo se utiliza para convencer y no para hacer justicia? La respuesta es incómoda, pero evidente. Un Estado que aparenta control mientras pierde capacidad real.

Como abogados, no hay espacio para la neutralidad frente a esta distorsión. Defender el Derecho Penal no es pedir más dureza, es exigir coherencia. No es ampliar el castigo, es evitar su uso arbitrario. Porque cuando el poder punitivo se utiliza sin control, el problema ya no es solo la inseguridad, es el propio Estado.

Cuando el castigo se convierte en promesa electoral, la justicia deja de ser un derecho y empieza a ser un espectáculo. Y cuando la justicia se convierte en espectáculo, deja de incomodar al poder y empieza a servirle.

Y un Derecho Penal que deja de incomodar al poder ya no protege al ciudadano. Solo lo observa, mientras todo sigue igual.