Daniel Bravo Dextre

El tema de la continuidad de la obra de la doble vía a Huacachina está sumando un nuevo capítulo.

En el caso de esta obra emblemática, está corriendo el plazo de 10 días hábiles para que el alcalde Carlos Reyes Roque, mediante ejecución coactiva, proceda a tomar posesión con apoyo policial del frontis del terreno de la sede campestre del Club Centro Social, el cual ha sido expropiado de acuerdo al Art. 70º de la Constitución y la Ley N° 27117 (Ley General de Expropiaciones).

La municipalidad ya emitió el Acuerdo de Concejo, éste ya fue publicado en el diario oficial El Peruano, el club ya fue notificado notarialmente para que entregue el terreno, la comuna ya abonó el justiprecio ascendente a 494,993.30 soles, mientras que el alcalde ya solicitó por escrito ante la Sunarp la transferencia del predio de propiedad del Club Centro Social a favor de la comuna iqueña.

Pese a que los plazos de la notificación están por cumplirse, la junta directiva del club aún no responde la notificación, ni ha apelado el acuerdo de expropiación dentro del plazo legal de tres días; sin embargo, está convocando a Asamblea General Extraordinaria para mañana jueves, a las 7:00 de la noche, donde informará sobre el referido Acuerdo de Concejo de expropiación.

Desde esta crónica periodística entendemos que una asamblea no tiene facultades para ir contra la Constitución y las leyes, salvo que la directiva intente trasladar el caso al Poder Judicial mediante una cautelar.

Claro, la idea no es tan descabellada como se piensa. Si se da esta hipótesis, al club ya no le interesaría que el alcalde proceda a tomar posesión de ese predio de tres mil metros cuadrados, sino intentar que el Poder Judicial mediante una sentencia firme anule la tasación del Ministerio de Vivienda y ordene que la municipalidad abone el monto de la tasación de parte que el Centro Social presentó dentro del trato directo, ascendente a más de tres millones de soles.

El alcalde tampoco se haría problemas porque de todas maneras antes del próximo 28 de julio estaría entregando a la comunidad la anhelada doble vía, dejando el problema judicial a sus sucesores, en caso la demanda sea admitida.