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Contraloría detecta pago indebido de más de S/ 300 mil a obreros de la municipalidad de San Clemente

– Aprobación irregular de convenio colectivo causa perjuicio económico a la municipalidad distrital. La Contraloría General de la República (CGR) ha identificado un grave perjuicio económico por un monto de S/ 331,077 en la municipalidad distrital de San Clemente. Según el Informe de Control Específico N° 005-2026-2-0409-SCE, funcionarios y servidores públicos de la comuna habrían…

– Aprobación irregular de convenio colectivo causa perjuicio económico a la municipalidad distrital.

La Contraloría General de la República (CGR) ha identificado un grave perjuicio económico por un monto de S/ 331,077 en la municipalidad distrital de San Clemente. Según el Informe de Control Específico N° 005-2026-2-0409-SCE, funcionarios y servidores públicos de la comuna habrían aprobado un pago irregular de beneficios económicos a los obreros municipales, basado en un convenio colectivo que infringía la normativa vigente y carecía de sustento técnico y presupuesto.

El informe, que abarca el período de evaluación del 19 de agosto del 2021 al 31 de diciembre del 2024, revela que la entidad y el Sindicato de Obreros Municipales (SIOMUN) acordaron en una negociación colectiva un incremento salarial, además del pago de bonificaciones por vacaciones y días festivos, entre ellos el 1 de mayo (Día del Trabajo), 8 de junio (aniversario del distrito) y 5 de noviembre (Día del Obrero Municipal).

Sin embargo, la normativa estipula que este tipo de acuerdos debe centrarse en mejorar condiciones laborales, excluyendo incrementos salariales. Además, la municipalidad omitió elaborar un informe técnico que evaluara el impacto presupuestal del convenio y no gestionó la autorización correspondiente ante el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), incumpliendo con procedimientos claves.

El análisis también señala que las decisiones tomadas derivaron en serios problemas financieros para la comuna, afectando el cumplimiento de obligaciones como el pago de aportes a AFP, ONP y EsSalud, así como la compra de combustible y otros servicios esenciales.

La Contraloría ha identificado presunta responsabilidad penal y civil en un funcionario y tres servidores públicos, quienes serán procesados por las entidades competentes. El informe fue remitido tanto a la Procuraduría Pública de la Contraloría General como a la Procuraduría Especializada en Delitos de Corrupción para iniciar las acciones legales correspondientes.

(Felipe Olivares Mozo)