Más de 400 mil habitantes de la región Ica residen actualmente en viviendas construidas de manera informal y con escasas garantías de seguridad estructural, lo que los expone a un alto riesgo frente a un sismo de gran magnitud, según un reciente análisis del Instituto Peruano de Economía (IPE). La alerta cobra mayor relevancia luego del sismo de magnitud 6.1 registrado el pasado 19 de mayo de 2026, considerado por el Instituto Geofísico del Perú como el movimiento telúrico más intenso ocurrido en el país en lo que va del año.

Panorama

De acuerdo con el estudio, entre 2007 y 2025 el número de viviendas informales en las ciudades de Ica pasó de 67 mil a más de 123 mil, duplicándose en menos de dos décadas. El IPE señala que más de la mitad de las viviendas edificadas en los últimos veinte años fueron construidas sin título de propiedad, licencia municipal ni supervisión técnica especializada. Solo el 21% de estas viviendas contó con asesoría de un ingeniero o arquitecto y apenas el 20,5% obtuvo licencia de construcción. Asimismo, predominan materiales considerados vulnerables, ya que el 51,2% posee techos de calamina o fibra de cemento, el 39,5% paredes de adobe o quincha y el 81% pisos inadecuados.

El informe también revela deficiencias en el acceso a servicios básicos. A 2024, el 43% de las viviendas informales de Ica llevaba más de veinte años sin conexión a la red eléctrica pública, mientras que la proporción de hogares sin acceso a agua potable ni alcantarillado aumentó de 13,7% a 19,9% en la última década. Pese a ello, el presupuesto destinado al Programa Nacional de Saneamiento Urbano se redujo en 16,6% entre 2015 y 2026, considerando el efecto de la inflación.

Respecto a la oferta de vivienda formal, el IPE advierte que la región solo cubre aproximadamente la mitad de la demanda anual, pues se construyen unas 2,754 viviendas formales por año frente a una necesidad estimada de 5,490 nuevos hogares. Para revertir esta situación y reducir la brecha habitacional en los próximos diez años, se requeriría incrementar en 1,6 veces la producción anual de viviendas formales.

Finalmente, el instituto exhortó a que, de cara a las próximas elecciones regionales y municipales, los candidatos presenten propuestas concretas orientadas a frenar el crecimiento de la informalidad habitacional mediante una adecuada planificación urbana, la simplificación de trámites para obtener licencias de construcción y el impulso de proyectos de vivienda social a través de mecanismos como Obras por Impuestos y Asociaciones Público-Privadas.