El alcalde de Pisco, Pedro Fuentes Hernández, dirigió un enérgico llamado al
Ministerio del Interior tras el trágico asesinato de Jampier Gallegos Chuquiray,
quien se encontraba como rehén, un hecho que pone en jaque la efectividad del
Estado de Emergencia decretado para contrarrestar la inseguridad en la región.
A través del oficio oficial N.º 0299-2026-MPP-ALC, fechado el 25 de junio de 2026,
el burgomaestre manifestó su profunda preocupación e indignación por lo que
calificó como un “colapso crítico de la seguridad” y una “burla al marco legal
vigente”. En su misiva dirigida al ministro del Interior, José Mercedes Zapata
Morante, el alcalde solicitó la intervención inmediata tanto de las Fuerzas Armadas
como de la Policía Nacional del Perú (PNP). Además, hizo énfasis en la necesidad
de un enfoque integral con el despliegue de equipos especializados en casos de
secuestros, como los miembros del Departamento de Investigación de Secuestros
(Divise), para dar con los responsables del crimen.
La autoridad edil no se limitó al caso puntual, sino que también pidió reforzar las
medidas frente al involucramiento de ciudadanos extranjeros en delitos cometidos
en la provincia de Pisco. Según expresó, es indispensable que Migraciones actúe
con firmeza frente a esta problemática que agudiza la inseguridad local. En sus
palabras, la población “ha llegado al límite de su paciencia” tras sufrir repetidas
situaciones de violencia que afectan su calidad de vida.
El documento enviado también contiene una exhortación contundente al Gobierno
central. Fuentes Hernández instó a que la declaratoria del Estado de Emergencia
no quede únicamente en términos escritos y enfatizó que es imperativo
implementar medidas reales y efectivas que garanticen la seguridad y tranquilidad
de los habitantes pisqueños.
Este llamado a la acción ocurre en un contexto especialmente alarmante para
Pisco y otras localidades con dificultades similares. La inseguridad avanza a pasos
agigantados, y los ciudadanos esperan una respuesta inmediata y contundente
por parte de las entidades estatales. Mientras tanto, los ojos están sobre las
autoridades nacionales, quienes tienen el reto de evitar que este tipo de
acontecimientos se conviertan en una constante en el día a día del país.
(Felipe Olivares Mozo)