La Fiscalía Provincial Mixta de Vista Alegre – Nasca, a través de la fiscal adjunta provincial Evelyn Huamaní Bautista, obtuvo el mandato de prisión preventiva por el plazo de 9 meses en contra de los investigados Dayronn Alexi Rivas Maldonado (18) y Juan Carlos Angulo Huamaní (18).

A Rivas Maldonado se le incrimina la presunta coautoría del delito contra la vida, el cuerpo y la salud, en la modalidad de homicidio calificado (alevosía) en grado de tentativa, en agravio de J.J.M.B. (18); así como la presunta comisión del delito contra la seguridad pública – tenencia ilegal de arma de fuego, en la modalidad de porte de arma de fuego (tenencia compartida), en agravio del Estado peruano.

Asimismo, a Angulo Huamaní se le investiga por la presunta comisión de los delitos de tenencia ilegal de arma de fuego (tenencia compartida) y contra la salud pública, en la modalidad de microcomercialización de drogas, ambos en agravio del Estado.

Según los hechos materia de investigación, el 13 de agosto de 2026 Rivas Maldonado habría conducido la motocicleta lineal que transportaba al menor infractor de iniciales J.A.G.P. (17), quien efectuó disparos con un arma de fuego contra el vehículo de la víctima en la calle Pisco del distrito de Vista Alegre, causándole heridas por proyectil en el brazo izquierdo y la región cervical.

Posteriormente, en horas de la madrugada del 14 de agosto, fueron intervenidos los investigados Rivas Maldonado y Angulo Huamani a bordo de la referida motocicleta tras una persecución en la calle Mayta Cápac.

Durante el registro personal respectivo, se les halló una pistola semiautomática operativa de marca Bryco (Jennings), cacerinas abastecidas con municiones calibre 380 -las pericias de homologación confirmaron que dicha arma fue disparada- y restos de Cannabis sativa (marihuana). Asimismo, se les incautó un pasamontaña de tela y una bolsa conteniendo 30 envoltorios de pasta básica de cocaína.

El requerimiento fiscal fue sustentado en audiencia pública por la fiscal adjunta Evelyn Huamaní Bautista, quien acreditó graves elementos de convicción, una prognosis de pena que supera los cinco años de privación de la libertad y la existencia de peligro procesal de fuga y obstaculización, logrando que la judicatura ordene el internamiento preventivo de los procesados.