Pedro Seguisfredo Méndez León, Abogado con Maestría en Derecho Penal y Ciencias Penales, Doctorando en Derecho Penal.

Cuatro personas fueron asesinadas dentro de una camioneta y una quinta fue secuestrada en plena ciudad de Trujillo. Según la información conocida, los atacantes habrían usado prendas similares a las policiales para simular una intervención. La Policía reaccionó, liberó al empresario y detuvo a presuntos implicados. El problema es otro, más jodido; cuando el Estado reaccionó, cuatro personas ya estaban muertas.

Quizá lo más alarmante sea que buena parte del país lee una noticia semejante y continúa desayunando. Nos indignamos, compartimos el video, exigimos mano dura y luego otro asesinato desplaza al anterior. El sicariato, la extorsión y el secuestro han logrado algo terrible, convertir la muerte violenta en rutina informativa.

Hace algunos meses advertí desde estas páginas, al escribir sobre Ica bajo fuego, que el sicariato había dejado de ser un episodio excepcional para convertirse en herramienta funcional de la extorsión. Hubiera preferido equivocarme. La realidad peruana tiene esa desagradable costumbre de corregir al abogado no con argumentos, sino con cadáveres.

Esta columna no pretende fabricar otra receta instantánea contra el crimen. Estado de emergencia, más patrulleros, otro operativo, otra reforma, otra conferencia de prensa y, cuando nada funciona, renovamos la emergencia. A veces nuestra política criminal parece suscripción automática, se renueva sola, aunque nadie recuerde qué resultado produjo.

El nuevo gobierno acaba de asumir y sería deshonesto responsabilizarlo por una criminalidad que recibió instalada, armada y organizada. Tendrá un margen razonable para demostrar resultados, pero eso no significa cheque en blanco ni paciencia infinita para quienes reciben amenazas, pagan cupos, cierran negocios o entierran familiares. Los gobiernos pueden pedir tiempo; el sicario no suele concederlo.

El crimen organizado avanza con eficiencia vergonzosa. Se mata por encargo, se cobra por dejar trabajar, se amenaza al transportista y se extorsiona al comerciante. Alguien pone el dinero, otro consigue el arma, otro proporciona información y aparece quien aprieta el gatillo. Una cadena productiva con cadáver incluido.

Mientras discutimos si corresponde hablar de banda u organización criminal, el ciudadano amenazado maneja una clasificación menos sofisticada, paga o puede morir. Así, el miedo empieza a ordenar barrios, rutas y negocios, convertido en una autoridad paralela que no figura en la Constitución, pero que muchas veces llega antes que el patrullero.

¿Y nos faltan leyes? Difícilmente. El Perú ya contempla sanciones severas para sicariato, secuestro agravado y extorsión. El problema es creer que cada cadáver se soluciona engordando el Código, como si el delincuente esperara la última reforma para decidir si le conviene matar o dedicarse a la jardinería.

El sicario profesional no revisa modificaciones legislativas para calcular si resulta jurídicamente conveniente disparar. Su razonamiento es menos académico: cuánto le pagan, quién es la víctima, dónde está, cómo escapar y qué posibilidades reales existen de que lo capturen. Si cree que jamás escuchará una sentencia, la pena escrita asusta más al estudiante de Derecho que al criminal.

Cuando matar resulta rentable y la impunidad integra el cálculo criminal, podemos convertir el Código Penal en enciclopedia y seguir llegando después del disparo. Trujillo acaba de recordarlo, pero sería cómodo creer que el problema pertenece solo a Trujillo. Ica lo conoce, Lima lo conoce y varias regiones entierran víctimas mientras renovamos emergencias con nombres fuertes y resultados discretos.

La Policía Nacional tiene una misión constitucional clara, garantizar, mantener y restablecer el orden interno, prevenir, investigar y combatir la delincuencia. Pero una cosa es contar policías en una planilla y otra saber cuántos están patrullando, investigando homicidios, siguiendo dinero o persiguiendo al sujeto que acaba de disparar. Culpar al policía de calle por una deficiencia estructural sería como mandar a un bombero con un balde y reclamarle que el edificio siga ardiendo.

La presencia de las Fuerzas Armadas en las calles, bien utilizada, puede ayudar bastante. Negarlo sería absurdo, porque la Policía no se da abasto frente a una criminalidad organizada, armada y con capacidad logística. Los militares pueden reforzar control territorial, proteger puntos críticos y enviar autoridad donde el miedo manda más que la ley. Decir que ese apoyo no sirve sería una delicadeza académica bastante cómoda.

Pero tampoco debemos engañarnos con la fotografía. El militar en la calle ayuda si forma parte de una estrategia seria y coordinada. El fusil puede recuperar presencia, pero la investigación debe identificar quién financia al sicario, quién entrega armas y quién ordena asesinatos. Sin inteligencia y persecución patrimonial, podemos llenar avenidas de uniformes y dejar viva la cabeza criminal.

También debemos mirar hacia dentro del Estado. Una organización criminal no necesita comprar una institución completa; le basta encontrar la puerta correcta y pagarle al que tiene la llave. El funcionario que entrega información reservada, alerta operativos, facilita armas o protege cabecillas puede convertirse en parte del engranaje criminal. Entonces la pregunta cae sola, de qué sirve tener cien policías buscando a una organización si basta un corrupto para avisarle por dónde vienen.

Las cárceles muestran otra contradicción grotesca. En teoría, enviamos al delincuente a prisión para impedir que siga delinquiendo. Pero cuando desde penales se coordinan extorsiones, amenazas u órdenes criminales, el Estado debería sentir vergüenza antes de modificar otra vez el Código Penal. Si un cabecilla administra su negocio desde una celda, la prisión deja de neutralizar y se convierte en oficina incluida.

La pena de muerte vuelve después de cada cadáver, y una sociedad golpeada por sicariato tiene derecho a discutir hasta dónde debe llegar el castigo, pero no vendamos humo. Antes de decidir si el Estado debe ejecutar al culpable, debe demostrar que puede encontrarlo, probarlo y condenarlo con garantías. La Constitución, el Pacto de San José y el error judicial no desaparecen porque un político necesite un aplauso.

No sé cuántos muertos más harán falta para entender que la seguridad no puede administrarse de tragedia en tragedia. Recuperar seguridad significa que el comerciante pueda decir no pago, que el transportista trabaje sin financiar a quien amenaza con matarlo y que nuestros hijos no aprendan a reconocer una ráfaga de disparos antes que los símbolos patrios. Seguiremos preguntando, aunque incomode, porque cuando el poder deja de recibir preguntas incómodas produce respuestas cómodas, y cuando el crimen descubre que el Estado llega tarde, deja de esconderse para gobernar con miedo.

El Derecho no está para callar, está para incomodar.