En una acción conjunta destinada a salvaguardar el patrimonio cultural y ambiental de la región, el Primer Despacho de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Nasca y la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de Ica, dirigieron una inspección fiscal en el Paisaje Arqueológico Geoglifo de Bogotalla, ubicado en el distrito de El Ingenio, provincia de Nasca.

Durante la diligencia se constató una grave afectación territorial de aproximadamente 40 hectáreas debido a trabajos de remoción de tierras, excavaciones y la edificación de un campamento minero.

El operativo estuvo liderado por los fiscales provinciales José Alejandro Meléndez Curasi y José Luis Ortecho Lévano, quienes estuvieron acompañados de arqueólogos y asesores legales del Ministerio de Cultura (DDC Ica), representantes del Ministerio de Energía y Minas, representantes del Sistema de Gestión para el Patrimonio Cultural del Territorio Nasca-Palpa, con el resguardo de la Policía Nacional del Perú.

En el área arqueológica, las autoridades intervinieron una tranquera metálica custodiada por un ciudadano, quien inicialmente bloqueaba el acceso vehicular manifestando seguir órdenes de un tercero. Tras las exigencias de la comitiva fiscal y policial, se permitió el ingreso hacia el núcleo de la zona afectada.

En el lugar, las autoridades verificaron una transformación radical del ecosistema y del terreno protegido, tales como la destrucción del paisaje mediante el uso de maquinaria pesada, como excavadoras frontales y volquetes, hallazgo de bocamina clandestina, infraestructura ilegal con un edificio de concreto de cuatro pisos en fase reciente de construcción, así como un campamento rústico construido con adobe, barro y esteras.

Durante el desarrollo del acta, el Ministerio Público identificó en flagrancia a cinco trabajadores en la zona de operaciones, quienes desempeñaban labores como obreros de construcción, ayudantes y encargados del traslado de los sacos de mineral procesado.

El Ministerio Público, en coordinación con las autoridades de Cultura, procederá con las acciones legales y las carpetas de investigación correspondientes contra los responsables de estos actos, los cuales vulneran de forma directa el patrimonio arqueológico de la nación y configuran presuntos delitos ambientales en la modalidad de minería ilegal.