El primer Índice de Riesgos de Integridad Subnacional (IRIS) ubica a la región en un nivel crítico con 5.0 puntos de 10. 

El Instituto Peruano de Economía (IPE) presentó los resultados de la primera edición del Índice de Riesgos de Integridad Subnacional (IRIS 2026), herramienta técnica que evalúa la exposición a actos de corrupción y el mal manejo de los recursos públicos en los 25 departamentos del país. En dicho balance, los gobiernos subnacionales del departamento de Ica fueron clasificados en el nivel de «riesgo alto», tras obtener un puntaje general de 5.0 puntos sobre 10.

El estudio -estructurado a partir de 14 indicadores agrupados en los pilares de Gestión Pública y Eficiencia Administrativa, y Desempeño Institucional y Control de la Corrupción- advierte sobre un deterioro progresivo en la conducta institucional de la región, la cual descendió en su calificación respecto de los 5.8 puntos alcanzados en el año 2019.

Contrataciones directas y escasa competencia

En el pilar de Gestión Pública y Eficiencia Administrativa, Ica se situó en el nivel de riesgo medio-alto con 6.1 puntos. El reporte enfatiza que la región registra el tercer porcentaje más elevado de contrataciones directas en el ámbito nacional: el 10.4% de los procesos de adjudicación en municipalidades y en el Gobierno Regional se otorgaron de manera directa, sin concurso público, cifra que duplica holgadamente el promedio del país (4.6%).

Asimismo, Ica ocupa la cuarta posición nacional en contrataciones públicas adjudicadas a procesos con un solo postor, alcanzando un 49.7% frente al promedio nacional de 35.1%. Si bien este indicador reflejó una ligera mejora frente al 64% reportado en el IRIS 2019, el IPE señaló que la falta recurrente de competidores sugiere la elaboración de términos de referencia dirigidos o hechos a la medida de proveedores específicos.

Crisis de confianza y control institucional

Respecto al pilar de Desempeño Institucional y Control de la Corrupción, la región cayó a la categoría de riesgo alto con apenas 4.0 puntos. El factor determinante de esta calificación radica en la desaprobación popular: la percepción favorable hacia la gestión de las municipalidades se desplomó al 20.5% de la población adulta, configurándose como el segundo nivel de aprobación más bajo del Perú, tras registrar una contracción de casi nueve puntos respecto del 29.4% medido el año anterior.

En contraste con los indicadores de percepción, la región presenta cifras bajas en la sanción delictiva. En el último año, las sentencias condenatorias por delitos contra la administración pública se ubicaron en 3.1 por cada mil servidores públicos, situándose como la tercera tasa más baja del país y representando la mitad del promedio nacional (6.3 sentencias). En paralelo, las denuncias formales por corrupción alcanzaron las 10.1 por cada mil trabajadores, cifra que, pese a figurar entre las más bajas a nivel nacional, denota un incremento en comparación con las 5.4 denuncias reportadas en 2019.

De cara a las recientes Elecciones Regionales y Municipales de octubre de 2026, el informe del IPE concluye que las autoridades electas heredarán el desafío de destrabar la obra pública paralizada y reestructurar los sistemas de abastecimiento, garantizando la libre concurrencia en licitaciones y el fortalecimiento de la transparencia institucional para restaurar la confianza de la ciudadanía iqueña. (GFC)