– Dispuso la medida tras la muerte de joven que cayó en pozo.

La Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil), a través de su Intendencia Regional de Ica, dispuso la paralización parcial de las actividades en el centro de trabajo Hacienda San Juan, ubicado en el distrito de San Juan Bautista, tras el accidente laboral que ocasionó la muerte de Carlos Ramos Valencia, quien cayó a un pozo de aproximadamente 30 metros de profundidad.

El accidente ocurrió el 31 de octubre de 2026 en las instalaciones de la empresa Inversiones Hotelera Turística Servicios S.A.C. Al tomar conocimiento del hecho, la Intendencia Regional de Ica emitió la Orden de Inspección N.° 1863-2026-SUNAFIL/IRE-ICA y comisionó a un inspector de retén para realizar las diligencias preliminares y determinar las circunstancias del suceso.

Durante la inspección presencial, iniciada el domingo 1 de noviembre, el personal de fiscalización identificó condiciones que representaban un riesgo grave e inminente para la seguridad y salud de los trabajadores, por lo que dispuso el cierre temporal de la zona de tratamiento de aguas servidas, pozos de percolación y áreas de jardines.

Pozos sin protección

De acuerdo con el informe inspectivo, en el área intervenida se encontraron desniveles y pozos de hasta 30 metros de profundidad que no contaban con sistemas adecuados de protección colectiva, como barandas perimetrales o barreras físicas que impidieran el acceso a zonas de peligro.

También se advirtió que las aberturas de los pozos ubicados a nivel del suelo carecían de tapas resistentes e inamovibles. Precisamente, la inspección determinó que el accidente mortal se produjo por la caída del trabajador a uno de estos pozos, materializándose el riesgo ante la ausencia de las medidas de protección necesarias.

Frente a estas deficiencias, Sunafil requirió a la empresa instalar barandas perimetrales y otros elementos de protección contra caídas, colocar tapas resistentes en las aberturas y habilitar la señalización de seguridad correspondiente. Para cumplir con estas medidas correctivas, se otorgó un plazo de cinco días hábiles.

La disposición de cierre temporal prohíbe desarrollar actividades laborales en toda la zona de tratamiento de aguas servidas y pozos de percolación, así como el tránsito de personas por las áreas adyacentes, entre ellas veredas, rampas, jardines y áreas verdes, debido al peligro de caídas a distinto nivel. (GFC)