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Fiscalía Superior de Nasca logra se confirme condena de 30 años de prisión por violación a menor en Palpa
La Fiscalía Superior Mixta Descentralizada de Nasca, bajo la dirección de la fiscal superior Mithsy Corrales Carpio, logró que se confirme la sentencia de 30 años de pena privativa de la libertad efectiva contra Rony Alexander Torres Garavito (21), como autor del delito de violación sexual de menor de edad, en agravio de una niña…
La Fiscalía Superior Mixta Descentralizada de Nasca, bajo la dirección de la fiscal superior Mithsy Corrales Carpio, logró que se confirme la sentencia de 30 años de pena privativa de la libertad efectiva contra Rony Alexander Torres Garavito (21), como autor del delito de violación sexual de menor de edad, en agravio de una niña de 12 años de edad.
Durante la audiencia de segunda instancia, el fiscal adjunto superior, doctor Luis Mansilla Velásquez, fundamentó la posición del Ministerio Público demostrando la veracidad del testimonio de la víctima y la existencia de pruebas contundentes.
La Sala Mixta y Penal de Apelaciones de Nasca declaró infundado el recurso de
apelación de la defensa y ratificó la condena, la cual vencerá el 11 de noviembre de 2054. Asimismo, se mantuvo la reparación civil de S/ 7,000.00 a favor de la agraviada.
La investigación del caso en primera instancia estuvo a cargo del fiscal provincial de Palpa, Juan Carlos Herrera Cestti, quien obtuvo el fallo condenatorio inicial el 8 de mayo de 2026 ante el Juzgado Penal Colegiado de Emergencia de Ica.
Los hechos materia de investigación ocurrieron el 11 de noviembre de 2024 en Palpa.
El sentenciado contactó previamente a la menor de 12 años a través de redes sociales y, bajo manipulación emocional y amenazas de terminar la relación, la citó a la salida de su institución educativa. Posteriormente, la trasladó a una zona desolada cercana al río a bordo de una mototaxi con lunas polarizadas y el logotipo «La Tóxica», donde consumó el delito violando su indemnidad sexual.
El Ministerio Público reafirmó la solidez de la acusación a través del análisis conjunto de las pruebas periciales actuadas en el proceso, las cuales permitieron acreditar de manera contundente la comisión del delito y la responsabilidad penal del sentenciado, desvirtuando así su presunción de inocencia.
De esta manera, el Ministerio Público cumple con su rol constitucional de persecución del delito, defensa de la legalidad y protección de los derechos de las víctimas más vulnerables de nuestra sociedad.