La Contraloría General de la República acaba de detectar cuatro situaciones adversas en el Instituto Superior Tecnológico Público Federico Uranga, ubicado en el distrito rural de Independencia. Los hallazgos están relacionados con el control de asistencia del personal, la distribución de horas docentes, la supervisión de clases virtuales y la protección de los bienes de la institución.

Según lo advertido por el organismo de control, estas deficiencias podrían afectar la prestación del servicio educativo y el uso adecuado de los recursos públicos. Por ello, solicitó a la Dirección Regional de Educación de Ica que implemente medidas correctivas e informe sobre las acciones adoptadas.

Uno de los principales hechos observados fue la presentación tardía de los reportes de asistencia correspondientes a julio, agosto y setiembre de 2026. Estos registros, además, carecían de documentación que sustentara la información consignada.

Pese a esas deficiencias, las planillas habrían sido procesadas y pagadas sin una validación previa de las asistencias. Esta situación limita la verificación del cumplimiento de las jornadas laborales y del sustento de los pagos efectuados.

Durante la inspección también se encontró que el sistema biométrico estaba desconectado. En su reemplazo, se utilizaba un formulario virtual que presentaba registros duplicados y omisiones, lo que debilitaba la confiabilidad del mecanismo de control.

La revisión evidenció diferencias en la asignación de horas lectivas, así como falta de supervisión de las clases virtuales. Ambos aspectos son relevantes para verificar el cumplimiento de la carga docente y el desarrollo de las actividades académicas.

Eso no es todo; además, se suman actividades detectadas en el registro de asistencia y ponen de manifiesto la necesidad de fortalecer los controles sobre la prestación del servicio educativo.

Otro de los hallazgos corresponde al almacenamiento inadecuado de maquinaria, equipos y herramientas de la institución. Asimismo, se identificaron vehículos que no fueron ubicados o que permanecían en poder de terceros, sin documentación que acreditara su situación patrimonial.

Ante las cuatro situaciones adversas, la Contraloría solicitó a la Dirección Regional de Educación de Ica informar, en un plazo máximo de cinco días hábiles, las acciones adoptadas para atender las observaciones. Las medidas deberán orientarse a corregir las deficiencias advertidas y prevenir posibles afectaciones al servicio educativo y a los recursos públicos.

(Felipe Olivares Mozo)