El 28 de febrero del año próximo expirará de manera indefectible el contrato de concesión -por 15 años seis meses- del servicio de limpieza pública, suscrito el año 2005 por la municipalidad provincial de Ica y la empresa Diestra SAC, cuyo servicio no ha sido satisfactorio por ambas partes y para los usuarios.

Adelantándose a la fecha de vencimiento, la gerente de la concesionaria, Alejandrina Diestra Saavedra, le ha cursado una carta a la alcaldesa Emma Mejía Venegas comunicándole formalice las gestiones para la renovación de la contraprestación por un periodo de 15 años adicionales.

Los funcionarios de la comuna e integrantes del Comité de Promoción de la Inversión Privada, a fin de no incurrir en irregularidades han elevado el caso en consulta al Ministerio de Economía y Finanzas, Contraloría y OSCE, cuyas recomendaciones podrían ser acatadas o no por el Pleno del Concejo, previa opinión del supervisor del contrato.

Sobre el particular, el diario La Opinión dialogó con el regidor provincial Jacinto Roque Hernández, quien manifestó que, a su juicio, no debería renovarse o ampliarse el contrato y que el servicio sea asumido en un 100% por la comuna iqueña, criterio que mantiene la mayoría de integrantes del pleno.

El regidor explicó que actualmente a la municipalidad le cuesta un promedio de 890 mil soles mantener limpia las calles, en razón a que paga alrededor de 490 mil soles por el recojo de la basura y tiene una planilla de 400 mil para el barrido de la ciudad.

Dijo que los obreros estables y contratados muy bien pueden recoger los desechos sólidos en vehículos compactadores y a la vez barrer las calles por turnos, dentro de su jornada laboral.

Roque Hernández indicó que cuando el exalcalde Luis Oliva Fernández Prada concesionó el recojo de residuos sólidos, en esa ocasión el municipio sólo tenía dos o tres volquetes; pero, que esta vez la municipalidad podría contar hasta con 10 vehículos compactadores.

Refirió que un solo compactador tiene una capacidad de almacenamiento y traslado de basura de 10 volquetes, por lo que 10 de esos vehículos modernos representarían 100 volquetes, con los cuales se cubriría la demanda existente, además del barrido de las calles.

Detalló que el gobierno local podría comprar con recursos propios hasta cuatro compactadores, mientras que mediante convenido con la Caja Municipal se adquiriría otros seis vehículos, conforme al financiamiento que se hizo para la adquisición de la planta de oxígeno.

Inconveniente

Respecto a la renovación de contrato, el regidor de la mayoría manifestó que al expirar la concesión también concluiría el permiso otorgado por el MEF, a efecto que la municipalidad utilice parte del canon para subvencionar el servicio de limpieza; por cuanto, la recaudación actual de arbitrios municipales sólo cubre entre el 30 y 35% de los costos, ya que por limpieza pública sólo se estaría recaudando un promedio de 150 mil soles. “Los usuarios no pagan porque no están recibiendo un servicio eficiente”, acotó.

Comentó que otro inconveniente sería la Ley N° 31254-2021, publicada el  de julio pasado en el diario “El Peruano”, la cual prohíbe a los gobiernos locales la tercerización y toda forma de intermediación laboral de los servicios de limpieza pública, recojo de residuos sólidos, conservación y mejora del ornato local y afines, que prestan los obreros.

“La misma ley dispone que para tercerizar la limpieza debería formularse un estudio previo, además de someter a licitación el servicio que generalmente dura un mínimo de seis meses; por lo que muchos colegas comparten la idea de no renovar el contrato y que la municipalidad forme su propia empresa con la adquisión de compactadoras y mejoramiento del relleno sanitario”, sostuvo Jacinto Roque.

Ultimátum

Basándose en el Capítulo 4, numeral 4.3 sobre Plazo de Concesión del contrato, la empresa le ha dado a la comuna concedente una especie de ultimátum, en el sentido de que transcurridos 30 días de la solicitud de ampliación del plazo de concesión y de no existir un pronunciamiento de la comuna dentro de ese periodo, “deberá interpretarse que la solicitud ha sido aprobada”.

Los plazos estarían por cumplirse, teniendo en cuenta que la solicitud de Diestra SAC fue recepcionada el 13 de agosto pasado por mesa de partes de la MPI, mientras que el 13 de setiembre fue recepcionado por el Comité de Promoción de la Inversión Privada de la MPI. La primera recepción ya expiró y la segunda expirará este miércoles 13.

Por el tema de la pandemia los plazos y trámites en las instituciones públicas, como MEF, OSCE y Contraloría, casi nunca se cumplen; pero, muy distinto ocurre con los plazos de un contrato supervisado por un Tribunal Arbitral. Eso lo saben muy bien los abogados de la empresaria Alejandrina Diestra.

Los regidores no pueden emitir un pronunciamiento si antes no cuentan con las opiniones de los organismos consultados, caso contrario irían contra la Ley de Contrataciones del Estado, y hacer todo lo contrario a la ley es causal de vacancia.

Nos imaginamos que la alcaldesa Emma Mejía ya habrá consultado con los asesores legales del despacho de Alcaldía para enfrentar este problema antes de que expire el plazo; caso contrario, en los próximos días los 282,407 habitantes de la ciudad de Ica (censo 2017) quedaremos atados a continuar por 15 años más con un servicio insatisfactorio, conforme al comentario de los ciudadanos en las redes sociales.

Daniel Bravo Dextre