La rápida reacción de algunos residentes de la urbanización La Angostura impidió que se consumara un acto electoral, a todas luces irregular, con la participación de tres listas para la elección de la Junta Directiva de la Asociación de Propietarios de la Residencial La Angostura -ARLA-.
Las elecciones fueron convocadas para el sábado último a partir de las 9:00 de la mañana. A esa hora se pretendía dar inicio a las elecciones sin participación de un miembro del Comité Electoral y sin la intervención de un notario público, contraviniendo los artículos 24 y 25 del Reglamento de Elecciones.
A solicitud de algunos vecinos de ARLA intervino el Dr. José Carlos Ordoñez Castro, quien en ese momento actuaba como personero de una de las listas, quien como abogado advirtió que no se estaba respetando el indicado reglamento, por lo que solicitó la presencia de la Policía Nacional para que se proceda a la constatación policial, conforme a ley.
En el local multiusos de ARLA, donde se iban a llevar a cabo las elecciones, los efectivos policiales le tomaron la declaración al secretario del Comité Electoral, Miguel Quijandría Escate, quien manifestó que estaban a la espera del notario.
A las 9:28 de la mañana se apersonó el presidente del Comité Electoral, Leoncio Palomino Mendoza, quien sostuvo que fue en busca de un notario para que diera fe del acto electoral, con resultado negativo.
El abogado Ordoñez Castro hizo constar en el acta que la Resolución N° 6 habría sido firmada sólo por el presidente del Comité Electoral, sin la participación del secretario de ese comité.
Por estas razones se suspendieron las elecciones, siendo reprogramadas para el sábado 29 de mayo, en el que se deberá elegir un nuevo Comité Electoral, elaborar un nuevo Reglamento de Elecciones y fijar la fecha para la elección de la nueva junta directiva.
En declaraciones a este diario regional, el Dr. José Carlos Ordoñez, quien es uno de los gerentes del Estudio Ordoñez Abogados que ha brindado asesoría legal a la junta directiva de ARLA, aclaró que la gerencia general de ese estudio tuvo que dar por concluida la relación contractual que mantenía con la directiva de la residencial, con el objetivo de poder actuar en el proceso eleccionario en calidad de propietario y residente de esa urbanización, defendiendo los intereses de todos los socios residentes.
En algunos residentes existe temor que las inmobiliarias a través de terceros capturen la junta directiva, lo cual les permitiría seguir depredando las dunas y huarangos, retirar las denuncias que existen, utilizar para su provecho los pozos de agua que cuenta la residencial, además del canal colector.
Daniel Bravo Dextre
