La justicia se va abriendo paso ante la denuncia presentada por el presidente de la Asociación de Residentes de La Angostura-ARLA, Ronald Romero Cárdenas, contra las inmobiliarias y los que resulten responsables de la depredación registrada en la zona de reserva paisajista de esa urbanización de la ciudad de Ica.
En efecto, mediante Disposición N°02, notificada el sábado último a la directiva de ARLA, el Ministerio Púbico declaró compleja la investigación preliminar y amplió por ocho meses la investigación, solicitando información a la municipalidad provincial, en el sentido si las lotizadoras cuentan o no con licencias para realizar construcciones en la zona.
En opinión del abogado José Carlos Ordoñez, quien es propietario residente en La Angostura, manifestó que las empresas constructoras están acorraladas por el brazo de la justicia, pues si no tienen licencia tendrían que asumir las consecuencias de su accionar ilegal, sufriendo la demolición de sus construcciones.
Dijo que en caso tengan licencia, ésta sería con posterioridad a las construcciones que han afectado la zona de reserva paisajística. A la vez aclaró que no podrían tenerla “porque es zona paisajística, comprobándose la ilegalidad de sus actos, por lo que las construcciones serían demolidas”.
Disposición
En su disposición, el fiscal de la Fiscalía Provincial Especializada en Materia Ambiental, Dr. Jorge Luis Trigoso Rodríguez, justifica la ampliación de la investigación preliminar por tratarse de presuntos delitos Contra los Recursos Naturales, en su modalidad de Alteración del Ambiente o Paisaje, adelantando que se tienen que dar una serie de diligencias y solicitar informes a la municipalidad provincial de Ica, a la Administración Técnica Forestal y de Fauna Silvestre de Ica, Superintendencia de los Registros Públicos y las inmobiliarias involucradas.
En ese sentido, la fiscalía está solicitando informes a la municipalidad, Administración Forestal y otras, respecto al acta de verificación fiscal de fecha 12 de julio pasado, debiendo precisar si existe autorización para la construcción de pistas y veredas, y si las constructoras emplazadas cuentan con habilitación urbana y cambio de uso de tierras.
Trigoso Rodríguez también pide que se precise si esas construcciones, supuestamente ilegales, se encuentran dentro de la Reserva Paisajística de Ica, conforme al Plan Director de Desarrollo Urbano 2020-2030.
Daniel Bravo Dextre
