El Tribunal Constitucional desestimó la demanda de inconstitucionalidad presentada por el Poder Ejecutivo sobre la ley 31355, que regula la aplicación de la cuestión de confianza y que fue aprobada -por insistencia- por el Congreso de la República.

El pronunciamiento del TC fue de 4 votos a favor y dos en contra. Los cuatro votos a favor fueron de los magistrados Ernesto Blume, José Luis Sardón, Augusto Ferrero y Manuel Miranda. Votaron en contra Eloy Espinosa-Saldaña y Marianella Ledesma.

Estando a la votación descrita y al no haberse alcanzado cinco votos conformes para declarar la inconstitucionalidad de la ley impugnada, la demanda fue declarada infundada, conforme a lo previsto en el artículo 107 del nuevo Código Procesal Constitucional y en el artículo 5, segundo párrafo, de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, por lo que la Ley 31355 mantiene su constitucionalidad.

La cuestión de confianza fue regulada por el Congreso y establece que podrá ser ejercida por el Gobierno cuando se refiera a materias de su competencia, sin afectar las competencias exclusivas y excluyentes del Poder Legislativo.

«La facultad que tiene un ministro y la del presidente del Consejo de Ministros a nombre del Consejo, de plantear una cuestión de confianza conforme al último párrafo del artículo 132 y el artículo 133 de la Constitución Política del Perú, está referida a materias de competencia del Poder Ejecutivo relacionadas directamente a la concreción de su política general de gobierno, no encontrándose, entre ellas, las relativas a la aprobación o no de las reformas constitucionales ni las que afecten los procedimientos y las competencias exclusivas y excluyentes del Congreso de la República o de otros organismos constitucionalmente autónomos», reza la norma legal.

La ley 31355, publicada en el diario oficial El Peruano el 21 de octubre del 2021, tiene dos disposiciones complementarias finales: la primera establece que el Legislativo es la única institución que puede interpretar su decisión de otorgar o no la cuestión de confianza, y la segunda manifiesta que los alcances de la norma no tienen consecuencias o impacto retroactivos.