El tema de la concesión del servicio de limpieza se complica para la alcaldesa Emma Mejía Venegas y los 13 regidores de la municipalidad provincial de Ica, quienes podrían ser denunciados penalmente en caso renueven contrato con Diestra SAC.

El contrato suscrito el año 2015 por el entonces alcalde Luis Oliva Fernández Prada, previo Acuerdo de Concejo y la asesoría de ProInversión, expirará este 28 de febrero; mientras tanto y en base a las mismas cláusulas de la contraprestación, la alcaldesa y sus regidores no pueden hacer absolutamente nada hasta que no se agoten las instancias de consulta previa ante el Ministerio de Economía y Finanzas -MEF- y la Contraloría, cuyos organismos aún no se pronuncian.

La consulta previa es parte del formulismo de control, cuyas recomendaciones sirven de base para que el pleno del Concejo Provincial apruebe o desapruebe la ampliación del contrato por 15 años más, según lo solicitó en octubre del año pasado la concesionaria Diestra SAC.

Entonces, las autoridades ediles están entre la espada y la pared; pues, en caso alquilen maquinaria o compren vehículos compactadores para el servicio de limpieza pública, antes del 28 de febrero, podrían ser denunciados penalmente por Diestra SAC por el delito de abuso de autoridad; argumentando que la alcaldesa y sus regidores adoptaron una decisión antes de que expire el contrato y antes de que exista un pronunciamiento del MEF y de la Contraloría.

Denuncia ciudadana

Adelantándose a los hechos, el abogado Gustavo Huerta Escate, en su calidad de ciudadano con derecho constitucional a formular demanda o petición popular, con fecha 7 de enero pasado le ha pedido a la Fiscalía de Prevención del Delito que exhorte a la alcaldesa y regidores para que no le renueven el contrato a Diestra SAC; porque de hacerlo, estarían incurriendo en delito de colusión, incumplimiento de deberes y abuso de autoridad.

Huerta Escate argumenta que de acuerdo a la Ley N° 31254, los gobiernos locales están prohibidos de ejercer la tercerización y toda forma de intermediación laboral de los servicios de limpieza pública y afines que prestan los obreros municipales.

El fiscal de Prevención del Delito, Pedro Eloy Del Carpio Soto, el 18 de enero último -como parte de la investigación preliminar que apertura- le solicitó a la alcaldesa Emma Mejía informes detallados sobre el servicio que presta la concesionaria, si ha cumplido cabalmente con la contraprestación y si no ha sido así, cuántas penalidades ha recibido por parte de la comuna iqueña.

La alcaldesa ha respondido en el tiempo previsto de tres días hábiles; mientras que los regidores en el levantamiento de observaciones han dicho que ellos sólo cumplen labor fiscalizadora de la gestión y que la administración municipal -a cargo de Emma Mejía- a través de supervisores contratados son los encargados de vigilar el cumplimiento del contrato, en el sentido de verificar si la empresa cumple diariamente con recoger la basura que producen los vecinos y negocios, cuya cantidad bordea las 140 toneladas por día.

Exhortación

Insatisfecho por las respuestas recibidas, el fiscal Pedro Del Carpio, mediante Disposición N° 2 de fecha 3 de febrero de 2022, ha derivado el Procedimiento Preventivo a la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Ica, con la finalidad de que evalúe la situación penal de los 13 regidores por el presunto delito de omisión, rehusamiento y demora de actos funcionales, cuestionándolos por no haber remitido a su despacho información que demuestre su rol de fiscalización de la gestión municipal sobre el servicio de limpieza pública.

En la misma disposición, la Fiscalía de Prevención sólo se limita a exhortar a la alcaldesa Emma Mejía a fin de que las decisiones que adopte en relación al servicio de limpieza pública cumplan los estándares de calidad que permitan satisfacer las necesidades de la población.

Problema mayor

Los regidores no sólo deben cuidarse de no ser denunciados penalmente en caso decidan autorizar la renovación del contrato, lo cual hasta ahora todos descartan; sino que el alquiler de maquinaria para el recojo de basura por el periodo de seis meses, costaría el 100% más de lo que actualmente le pagan a Diestra SAC.

Según el Plan B de la alcaldesa que se refiere al alquiler de cinco camiones compactadores, su costo promedio es de un millón de soles; mientras que a Diestra sólo se le paga 490 mil soles mensuales.

Esa es la proforma que han recibido de varias empresas del rubro, cuyo servicio incluiría choferes para el manejo de los vehículos; además, la municipalidad tendría que contratar más personal para recoger la basura en dos turnos.

Si compra maquinaria que es parte del Plan C, la municipalidad también tendría que contratar personal de limpieza y choferes; teniendo en cuenta que los obreros municipales permanentes, muchos de ellos de la tercera edad, por pacto colectivo sólo trabajan seis o siete horas diarias. Aún se dividan en dos turnos faltaría más personal.

En ambos casos, tanto el alquiler de maquinaria como la compra de vehículos le representaría a la comuna iqueña un costo mensual de más de un millón de soles, mientras que el pago a Diestra SAC no excede los 490 mil soles. El MEF y la Contraloría estarían de acuerdo que la administración municipal a partir de marzo próximo gaste más del 100% de su presupuesto de limpieza pública. La tercerización sería más rentable; pero, por ley está prohibida. El tiempo se acorta y aún la alcaldesa y los regidores no tienen respuestas ante las consultas hechas. Todo es un enredo. Esta gran indecisión podría ocasionar que en la primera quincena de marzo tengamos a la ciudad de Ica colmada de basura.

La alcaldesa tendrá que recoger los desechos con los vehículos que dejará Diestra SAC, los mismos que deberán ser piloteados por los obreros municipales existentes y en dos turnos, mientras dure el proceso de selección para la contratación de camiones compactadores y la incorporación de nuevo personal para que acopie las bolsas de basura.

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Daniel Bravo Dextre