El juez de investigación preparatoria Raúl Justiniano Romero, de la Corte Superior Nacional, suspendió la audiencia de pedido de prisión preventiva por 36 meses contra Yenifer Paredes Navarro, cuñada del presidente Pedro Castillo.

La audiencia virtual se realizó desde las 4 de la tarde y en ella el magistrado iba a analizar la solicitud presentada por el equipo especial de fiscales contra la corrupción, por medio del fiscal Hans Aguirre, que además solicita 36 meses de prisión preventiva para el alcalde de Anguía, José Medina.

Al iniciar la audiencia el abogado de Yenifer Paredes, Dionicio Quesnay, pidió que se traslade la audiencia para el lunes 22 de agosto porque el Ministerio Público había informado a Justiniano Romero la incorporación de nuevos elementos que aportarían si era necesaria imponer la pena preventiva contra la hermana de Lilia Paredes.

Por su parte, el abogado Martín Silva, quien representa a Medina, se sumó al pedido y pidió un plazo razonable para defender a su patrocinado, de acuerdo a ley.

El representante de la Fiscalía estuvo de acuerdo con que se otorgue el plazo solicitado por los abogados de Yenifer Paredes y José Medina para que tengan más tiempo para revisar los folios.

Después de un receso de casi una hora para analizar este pedido, el juez determinó la suspensión de la audiencia con una nueva próxima fecha. En el caso de Yenifer Paredes se verá su caso para el martes 23 de agosto, de 10:00 a.m. a 5:00 p.m., y el caso de José Medina se reprogramó para el miércoles 24 de agosto, en el mismo horario.

Cabe indicar que tanto José Medina como Yenifer Paredes se encuentran detenidos de forma preliminar desde el nueve y diez de agosto, respectivamente. Ambos estarían implicados en el delito de tráfico de influencias por el presunto direccionamiento de obras en Chota.

La tesis del fiscal Hans Aguirre atribuye a los detenidos ser parte de una organización criminal dedicada a las licitaciones públicas fraudulentas en Lima y Cajamarca, donde se habría favorecido a empresas de fachada con el otorgamiento de la buena pro de obras públicas vinculadas al Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento pese a no contar con los requisitos exigidos por la ley.