| Daniel Bravo Dextre
Ante el conflicto que ha generado la venta de 270 hectáreas de terreno en el sector Tierra Prometida, de propiedad de la municipalidad provincial de Ica, la alcaldesa, funcionarios y regidores buscarían una salida legal para que nadie resulte perjudicado con la privatización que es canalizada a través del Ministerio de Vivienda y de ProInversión.
En efecto, regidores y algunos funcionarios de la municipalidad han reconocido que la privatización afectaría a pobladores del sector El Guayabo y otros, quienes afirman que se encuentran en posesión de 70 hectáreas (700,000 m2) desde el año 2015, las cuales forman parte de los 2’700,667.06 m2 (270 has. 6,670.06 m2) del terreno de la comuna iqueña.
Los regidores sostienen que -en setiembre pasado- por Acuerdo de Concejo aprobaron la venta de las 270 hectáreas a un privado por concurso público, con la finalidad que construya viviendas de interés social en dicho terreno, el cual suponían que se encontraban totalmente libres “porque los planos satelitales que les alcanzaron así lo certificaban”.
Asimismo, funcionarios de la gerencia de Desarrollo Urbano, a raíz de la reciente protesta de moradores de Tierra Prometida con plantón en el frontis del municipio, les han explicado a los regidores que cuando hicieron el levantamiento de planos el año 2019, en mérito al Sistema Nacional de Promoción de la Inversión Pública, aprobado mediante Decreto Supremo N° 1362, y su reglamento, las 70 hectáreas en cuestión estaban libres; por lo que estiman que la invasión se habría dado el año 2020.
Cuestionamiento
Sobre el particular, el experimentado abogado José Carlos Ordoñez Castro, jefe del equipo de transferencia del electo alcalde, ingeniero Carlos Reyes Roque, ha sido bastante crítico en las redes sociales con los regidores que aprobaron la privatización, argumentando que le resulta bastante extraño que los planos satelitales que les alcanzaron para privatizar el terreno de 270 hectáreas hayan sido falsos, porque, a su juicio, en ese momento del levantamiento “sí existía población en las 70 hectáreas”.
Ordoñez agrega que, consecuentemente, “los informes técnicos, legales y valorización estarían plagados de falsedades porque no se trata de un terreno vacío sino con viviendas y población”.
En ese sentido, el abogado considera que el pleno del Concejo debería sesionar inmediatamente para acordar declarar la nulidad del Acuerdo de Concejo N° 046-2022-MPI, publicado el 17 de setiembre del 2022, en el que se aprueba la venta de 2’700,667.06 m2 para que un privado construya viviendas durante 10 años; “nulidad que debe darse al amparo del artículo 10° del TUO de la Ley del Procedimiento Administrativo General y poner de conocimiento del Ministerio Público de estos actos delictivos al amparo del artículo 407° del Código Penal”.
Fiscalización
En declaraciones a este diario regional, Ordoñez Castro adelantó que hoy pediría informes a la gestión edil sobre el proceso de licitación, bajo el principio de que las entidades del Estado no pueden vender terrenos o propiedades que no están debidamente saneados, o que están ocupados por terceros.
Argumenta que ya no habría tiempo para hacer las deducciones del caso para que sólo se venda las 200 hectáreas libres, con la disminución del importe respectivo; por cuyo motivo, a nombre del equipo de transferencia insiste para que se declare la nulidad del Acuerdo de Concejo N° 046-2022-MPI.
“Como miembro del equipo de transferencia no sólo estoy obligado a formular observaciones y exigir la documentación necesaria, sino que también podemos interponer las denuncias penales respectivas en caso detectemos indicios de corrupción”, manifestó el abogado José Carlos Ordoñez.
Adelantó que existen dos planos satelitales, indicando que en uno se aprecia las 70 hectáreas ocupadas, mientras que en el otro el área se encuentra libre, lo que hace suponer que habría existido una dolosa manipulación para alterar los resultados.
También nos informan que mañana martes la alcaldesa Emma Mejía se reunirá con representantes de los siete asentamientos humanos afectados por la privatización de las 70 hectáreas que ocupan. Posiblemente, la autoridad edil les anuncie las medidas correctivas que están adoptando para que nadie salga perjudicado con la venta del terreno.
