| Daniel Bravo Dextre
Un grupo de estudiantes y trabajadores de la Universidad Nacional «San Luis Gonzaga» tomaron en la tarde de ayer el rectorado, ubicado en la Av. Ayabaca, así como el Local Central, en la calle Bolívar, demandando que el rector Anselmo Magallanes Carrillo deje el cargo, bajo el argumento que su mandato habría culminado.
Los opositores al rector Magallanes sustentan su rebeldía en la Ley N° 1677, publicada el pasado viernes en el diario oficial El Peruano, mediante la cual se deroga el Art. 6 del Decreto Legislativo N° 1496, norma que empleó la cesada Asamblea Universitaria para prorrogar el mandato del rector, vicerrectores y decanos de la UNICA.
El anuncio lo hizo ayer en su cuenta de Facebook el congresista Jorge Marticorena Mendoza, indicando que “La presente ley permitirá a la Comunidad Universitaria a nivel nacional contar con nuevas autoridades a partir de un proceso de elección en la cual los alumnos asuman un papel protagónico… Los rectores y decanos que venían ocupando el cargo de manera reiterativa por el Estado de Emergencia debido al covid 19, deberán dejar sus cargos de acuerdo al procedimiento universitario”.
Como puede verse, el legislador oficialista y docente de la UNICA con licencia, en su comentario tiene especial cuidado en no mencionar al rector Anselmo Magallanes, porque sin duda no está seguro que le alcance la Ley N° 1677 de su autoría.
Marticorena debe recordar muy bien que la Sunedu ya se pronunció en dos instancias, reconociendo en cierta medida la autonomía de la Asamblea Universitaria para prorrogar el mandato de las autoridades de la UNICA, y que bajo el principio de la no retroactividad de las leyes, la norma recientemente aprobada no tendría alcance para ninguna autoridad de la Universidad de Ica que ya eligió decanos y delegados docentes y estudiantes ante los órganos de gobierno, a quienes el Comité Electoral Universitario ya les otorgó credenciales.
Fiscalía
Por lo pronto, conocemos de manera extraoficial que el rector Magallanes ya solicitó la intervención del Ministerio Público, debido a que ayer ante la toma del rectorado la Policía Nacional no pudo disuadir a los manifestantes para que desistan de su rebeldía.
Los jóvenes alumnos no están solos y cuentan con el respaldo de trabajadores y docentes que también participan en la toma del rectorado. La fiscalía penal de turno sin duda evaluará la situación y tomará una decisión para restituir el orden en la UNICA.
Lamentablemente, cada vez que se produce este tipo de tomas que son parte indesligable de la lucha por el poder universitario, los más perjudicados son los estudiantes y los egresados, debido a que los revoltosos o insurgentes suelen destruir documentos y actas de notas, cuya recuperación tarda meses y años, impidiendo que los egresados puedan obtener a tiempo sus títulos académicos.
