En noviembre del año pasado, en la Feria del Libro Ricardo Palma (Miraflores, Lima), el periodista de investigación Miguel Ramírez presentó su primer libro titulado ‘Historia de una difamación’ (Gambirazio Ediciones). La obra contó con la colaboración del también periodista José Rosales. Ramírez ha sido jefe de la Unidad de Investigación del diario El Comercio y actualmente es columnista político del periódico el Trome; y Rosales fue corresponsal regional del diario El Comercio en Ica, tiempo en el cual hizo sonados destapes de casos de corrupción. El libro se encuentra en las más importantes librerías de Lima y pronto en la librería Crisol de nuestra ciudad. La Opinión conversó con ellos.
Ramírez dice que ‘Historia de una difamación’ es una investigación periodística de más de dos años que descubre los errores flagrantes y malintencionados de un documental difundido en diciembre del año 2016 por la agencia árabe Al Jazeera, titulado ‘El escándalo del Sodalicio’. Este fue elaborado por el periodista peruano Daniel Yovera y producido por la periodista Paola Ugaz, según ella misma lo dijo públicamente, aunque luego se desdijo.
En ese reportaje se acusó al ciudadano Alberto Gómez de la Torre de haber financiado, voluntariamente, a una banda de delincuentes llamada ‘La Gran Cruz del Norte’ para invadir terrenos de humildes campesinos en Piura y luego entregárselos a la entidad que él representaba, la Asociación Civil San Juan Bautista. ‘La Gran Cruz del Norte’ era una banda criminal, autora de asesinatos, secuestros, de extorsión a empresarios de la construcción y haber acumulado en cuatro años de vigencia criminal más de diez millones de soles, y que fue desarticulada el año 2014, dos años antes del reportaje de Yovera.
Ramírez y Rosales sostienen que Gómez de la Torre llegó a pagar, pero no para invadir terrenos, sino para que les dieran seguridad a las tierras que la asociación había adquirido legalmente. Hay una diferencia enorme entre ambas cosas. Vivía extorsionado, como le ocurre a cientos de personas que se dedican no solo a la construcción de proyectos inmobiliarios, sino inclusive de pequeñas obras familiares.
Los testigos fallidos
Ramírez, señala que el documental basó la incriminación contra Gómez de la Torre en cuatro testigos, pero no comentó que todos ellos tenían un amplio prontuario policial y judicial. “Eso, sin embargo, no los descalificaba como testigos, obviamente. Lo grave del caso es que el periodista -Yovera- no verificó lo que le dijeron sus entrevistados. No se hicieron las constataciones más elementales. Se dio por cierto todo lo que ellos declararon. En la investigación para el libro descubrimos que las versiones eran falsas y terminaron por perjudicar el honor de Gómez de la Torre”, refiere.
José Rosales explica que la principal fuente del documental era Samuel Alberca Reyes. “Alberca había sido el fundador de la banda ‘La Gran Cruz del Norte’, ni más ni menos. No solo eso, antes de convertirse en cabecilla había estado preso por robo agravado. En el documental, Alberca dijo que en un determinado momento Alberto Gómez de la Torre y el monseñor José Antonio Eguren, arzobispo de Piura y Tumbes, le ofrecieron un soborno de tres millones de dólares para invadir terrenos y luego dárselos a ellos. Pero él lo rechazó”.
Rosales afirma que el periodista Daniel Yovera no hizo una debida corroboración de lo que dijo Alberca. “Era tan endeble la versión de Alberca que cuando el periodista Daniel Yovera fue preguntado por un juez sobre la credibilidad de ese testigo, respondió textualmente: ‘Era una declaración siu generis, pues no había forma de comprobar su veracidad’”.
Ramírez agrega que Alberca era una fuente dudosa, con antecedentes. Por lo tanto, su versión debía ser corroborada una, dos tres o cuatro veces. “Si ya la versión de una fuente seria y creíble debe ser corroborada, pues entonces la versión de una fuente dudosa debe ser corroborada muchas veces más. Pero eso, lamentablemente, no se hizo”, remarca.
Otro testigo clave del reportaje de Al Jazeera fue el exsuboficial de la policía Pedro Zapata Monteza. En el documental, Zapata fue presentado como el artífice, el ‘héroe’, de la desarticulación de la banda de ‘La Gran Cruz del Norte’.
Rosales señala que “eso también era falso, pues Zapata nunca participó, según nos declaró el jefe policial de la operación que terminó con la banda de ‘La Gran Cruz’. Por lo demás, mientras fue policía en actividad, Zapata tuvo más de cincuenta denuncias y fue pasado al retiro por medida disciplinaria el año 2015”.
El tercer testigo fue la señora Carmen Rosa Campodónico. Ella declaró en el reportaje que fue desalojada violentamente del terreno donde vivía junto con sus hijos el año 2012. Dijo que, incluso, dos viejitos fueron asesinados para quitarles su propiedad. Campodónico acusó a Alberto Gómez de la Torre y al monseñor José Antonio Eguren de ser los autores de ese atropello.
“Eso no ocurrió. Descubrimos que Campodónico nunca pudo haber vivido allí. En aquel entonces ese lugar era inhabitable. No vivía nadie. Esa invasión nunca se produjo. Ni tampoco los supuestos asesinatos de los ancianos. Campodónico también tenía una larga lista de antecedentes como agitadora social en el distrito de Castilla. Actualmente está presa en el penal de Sullana por tráfico ilícito de drogas”, detalla Rosales.
El cuarto testigo, Pedro Coveñas Chávez, dijo en el documental, sin mayor prueba, que los terrenos en cuestión habían sido invadidos por los delincuentes contratados por Gómez de la Torre. Coveñas había estado preso el año 2007 y condenado por falsificación, estafa y usurpación de terrenos.
Los ataques
Ramírez cuenta que apenas se enteraron de la elaboración del libro, Daniel Yovera y Paola Ugaz, secundados por un grueso número de periodistas limeños que -por lo general- se creen “dueños” de la verdad, lanzaron ataques difamatorios contra su persona.
“Dijeron que el libro era financiado por el Sodalicio, la orden religiosa que es acusada de abusos sexuales y de manejar negocios oscuros. No nos une ningún tipo de relación con esa institución. Quienes nos atacaban argumentaban que la Asociación San Juan Bautista había sido fundada por el monseñor José Antonio Eguren, quien es sodálite. Pero Eguren se había retirado el año 2001, es decir, once años antes de la compra de los terrenos. No tenía nada que ver en ese tema. Había la intencionalidad de involucrarlo a como diera lugar. Sin Eguren, ese documental no tenía ningún interés”, detalla Ramírez.
Ramírez y Rosales remarcan que Historia de una difamación, bajo ninguna circunstancia pretende ejercer una defensa al Sodalicio y los presuntos delitos que se le atribuyen. “Se trata de un trabajo estrictamente periodístico en el que se revela una mala praxis del periodismo. El periodista debe corroborar con rigor lo que le dicen sus testigos o fuentes”, sostienen.
El libro, puntualizan, es una lectura imprescindible para todo periodista riguroso y honesto, desde el joven estudiante hasta el reportero veterano.
