| Por: Humberto Fajardo

El Congreso de la República, que tiene un dígito de aprobación, hace lo que quiere. Además de sus cuestionables prioridades como buffets, viajes internacionales, contratación de iPhone, ahora arremete contra la libertad de expresión.

Cabe destacar que los congresistas no ganan diez mil soles mensuales, por eso en algunos días suelen comer alfalfa. Los l30 parlamentarios, con todas las gollerias, incluyendo bonificaciones especiales, ganan 26 mil 017 soles mensuales y, el colmo, para ellos el año tiene 14 meses.

Lo alarmante es la reciente aprobación de un proyecto de ley que con las justas obtuvo 69 votos a favor, para modificar el Código Penal y el Código Civil, a fin de incrementar las penas y hacer efectivo el pago indemnizatorio por difamación a través de los medios de comunicación, redes sociales o sitios web.

Contra esta temeraria decisión en primera vuelta o votación, se han pronunciado públicamente el Consejo de la Prensa Peruana (CPP ), la Sociedad Nacional de Radio y Televisión, el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS), y la Asociación Nacional de Periodistas del Perú, defendiendo la libertad de prensa, porque en el fondo va a afectar la labor de los hombres de prensa independientes que hacen periodismo de investigación, develando toda la corrupción que existe entre autoridades y funcionarios públicos.

El Congreso del Perú hace todo lo contrario a lo que está sucediendo en la tendencia internacional, cual es despenalizar este tipo de denuncias. Es más, el proyecto se ha aprobado sin debate previo.

En nuestro país ya suman 150 los periodistas acusados de difamación en estos últimos cinco años, entre ellos Rosa María Palacios, Raúl Gorriti y Paola Ugaz, entre otros.

De conformidad con el artículo 78 del Reglamento del Congreso, el proyecto de ley aprobado en primera votación será materia de una segunda, luego de que transcurran siete días calendario, como mínimo. Sin este trámite el Congreso no puede enviarlo a la presidenta de la República para su promulgación.

Sí la difamación y la calumnia ya están definidas en el Código Penal, lo que buscaría esta ley, si logra prosperar, es la censura a la prensa, que es la base de otros derechos ciudadanos que caracterizan a la democracia. Y si Dina Boluarte no la observa, confirmaría que estamos frente a un gobierno autoritario.