Daniel Bravo Dextre

Una “bomba de tiempo” estalló literalmente el viernes a las 6:40 de la tarde en la U.N. “San Luis Gonzaga” cuando llegó de manera virtual el polémico Oficio N° 0419-2023-SUNEDU, remitido a la Secretaría General de la UNICA por el director de la Dirección de Registro de Grados y Títulos de la Superintendencia en cuestión, poniendo -en cierta manera- “punto final” al mandato del rector Anselmo Magallanes Carrillo y los vicerrectores.

Y, como si fuera poco, en el mismo documento el funcionario Marco Pantigozo Loaiza le pide a la licenciada Nelly Casma García que la Oficina de Recursos Humanos remita a la Superintendencia el nombre del docente principal más antiguo con grado de doctor, a fin de que asuma de manera interina el cargo de rector.

Sin duda que la infausta noticia provocó un shock emocional en el mismo Magallanes, quien es médico de profesión y sólo conocería lo elemental de las normas jurídicas vinculadas al quehacer universitario.

El rector dejó que desde esa misma tarde del viernes y hasta el día siguiente (sábado) la oposición distribuía alegremente el PDF del oficio “aniquilador” a los diversos medios locales que dieron por hecho la salida de Magallanes y su reemplazo inminente por el docente principal más antiguo y miembro de la Asamblea Universitaria, según el Estatuto UNICA. Incluso, circularon el nombre de una respetable catedrática que no es miembro de ese máximo órgano universitario.

Es así que recién ayer por la mañana y luego de consultar con sus abogados, el doctor Magallanes recién decidió prestar declaraciones a los medios nacionales y locales. El primer misil que lanzó fue, obviamente, contra esa dirección de la Sunedu, sosteniendo que habría cometido prevaricato (torcer o transgredir una norma).

Asamblea Universitaria

Argumentó que la Sunedu no tiene potestad para destituir rectores, sino que esta prerrogativa de ley le asiste a la Asamblea Universitaria; y anunció que ésta se había autoconvocado para mañana martes a las 6:00 de la tarde, cuya sesión extraordinaria se realizará en el auditorio de la Facultad de Medicina Humana.

Dijo que, al prevaricar, la Sunedu estaba atentando contra la autonomía universitaria, intentado sacar al rector y vicerrectores de manera arbitraria por no ser su competencia.

En declaraciones al diario regional “La Opinión”, la autoridad universitaria dijo que la Sunedu se está contradiciendo, puesto que cuando el 12 de agosto del año pasado la asamblea prorrogó en 10 meses el mandato del rector y vicerrectores de la UNICA, días después dicha entidad estatal ratificó tal decisión, indicando que era de acuerdo a ley, a fin de darle continuidad a la gestión universitaria por el tema de la pandemia.

Incluso, cuando el legislador Enrique Marticorena Mendoza le consultó a la Sunedu si era legal la prórroga del mandato, ésta contestó que todo estaba sustentado en el artículo 6° del Decreto Legislativo N° 1496 y en las atribuciones de la Asamblea Universitaria.

Demanda constitucional

Con relación a la nueva ley promovida por Marticorena, en la cual se deja sin efecto el referido decreto legislativo, Magallanes calificó de absurda e inconstitucional la disposición de un órgano de primera instancia de la Superintendencia, al pretender aplicar de manera retroactiva la mencionada norma que habría tenido nombre propio.

En ese sentido, adelantó que en calidad de afectado, y muy aparte de la decisión que mañana adopte la Asamblea Universitaria, en el transcurso de esta semana estaría interponiendo con sus abogados una demanda constitucional contra dicho acto administrativo; a la vez, indicó que esta acción habría sido promovida por los congresistas Marticorena Mendoza y Huamán Coronado, con fines estrictamente políticos “para tomar el control de la universidad” y evitar que haya elección del rector y vicerrectores, favoreciendo así al grupo opositor “que se siente perdedor”.

Fiscal de la Nación

Finalmente, Magallanes dijo ser respetuoso de la ley, y que se sometía a lo que mañana decida la Asamblea Universitaria, dentro de la autonomía de las universidades y el estatuto. “No me aferro al cargo”, enfatizó.

Manifestó que había solicitado al Frente Policial que resguarde los locales universitarios, a fin de evitar las tomas que terminan en actos de pillaje. A la vez exhortó a la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, para que intervenga ante el presunto complot político para sacarlo del cargo, anular el proceso electoral, la convocatoria a exámenes de admisión, conformar nueva asamblea universitaria y designar decanos interinos, lo cual sería un caos total que afectaría a los alumnos con la suspensión de clases y la no expedición de títulos y grados.