Por: Paulo Quequezana
Analista de estudios económicos de ComexPerú.
La entrada en operación de la central eólica Punta Lomitas, mencionada en el discurso de la presidenta el pasado 28 de julio, es un hito sobresaliente para la promoción de energías renovables en el Perú. Los más de 50 aerogeneradores, dos subestaciones eléctricas y 60 km de líneas de transmisión que la componen permitirán una reducción de 230,000 toneladas de dióxido de carbono al año, además de que respaldará la demanda de energía proveniente del proyecto minero Quellaveco en un 100%, volviéndolo en el primero en tener dicha característica en el país.
El parque eólico, a su vez, es un ejemplo de cómo el sector privado puede contribuir a ciertas metas de desarrollo, un tipo de beneficio al que no se le suele asociar. De hecho, el proyecto fue fruto de un acuerdo propio entre la empresa de energía ENGIE Energía Perú y Anglo American, la empresa encargada de la mina Quellaveco, debido a una iniciativa global de parte de la minera de alcanzar el objetivo de que todos sus proyectos sean carbono neutral hacia el año 2040. En ese sentido, el Gobierno tiene un punto de partida muy positivo para replicar este tipo de proyectos. Por supuesto, ello dependerá de que generemos condiciones amigables para este tipo de inversiones energéticas, pero ya esta experiencia manda una señal positiva al mundo de que en el Perú son más que factibles.
En cambio, el Estado todavía tiene deberes pendientes en la zona donde se ubica este proyecto, el distrito de Ocucaje en la provincia de Ica. Se trata de un distrito seriamente golpeado por las lluvias e inundaciones, afectado principalmente en su actividad agrícola, dado que varios cultivos fueron destruidos. El desabastecimiento de agua también es una problemática recurrente, pero que se intensificó, puesto que los puntos de acceso a este recurso se vieron seriamente afectados. Al mismo tiempo, como en el resto de la región, el dengue proliferó con alta intensidad en el distrito, registrándose incluso dos defunciones. Por si fuera poco, es muy probable que cada uno de estos problemas se potencien cuando se produzca el Fenómeno del Niño en los últimos meses del año.
En ese sentido, la capacidad de acción de la municipalidad distrital de Ocucaje no es suficiente. Para empezar, se encuentra entre las municipalidades con menor cantidad de recursos disponibles para inversión pública en la región, con un monto de S/ 7.6 millones. Si bien esto no justifica que entre enero y julio de 2023 solo haya ejecutado un 37.7% de su presupuesto, sus recursos para los sectores agropecuario y saneamiento son ínfimos, S/ 373,164 y S/ 391,270, respectivamente; sin mencionar que no cuenta con dinero disponible para ver inversiones en salud. De igual forma, la municipalidad no cuenta con recursos para inversiones relacionadas al programa presupuestal 068, encargado precisamente de reducir la vulnerabilidad de desastres y atender emergencias. Por consiguiente, es claro que requiere de intervenciones del ámbito del Gobierno regional de Ica y a su vez una mayor participación del Gobierno nacional.
La responsabilidad del Estado es la de tener un buen manejo de los recursos públicos para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Si estos no ven ello, no ha de sorprendernos que se sientan abandonados por su Gobierno.
