| Por: Luz Mery Canales Trillo
@LuzCanalesTrillo
Vicegobernadora regional de Ica
A través de este espacio quiero referirme en mi condición de autoridad regional a una de las últimas acciones inútiles por sacarme de la vicegobernación, con el propósito de impedir el ejercicio del cargo que ostento. Ustedes son testigos de los ataques imparables y de las denuncias calumniosas constantes contra mi persona sin ningún asidero legal.
Recientemente solicitaron mi vacancia ante el JNE, por la causal de incapacidad mental, argumentando hechos fuera de lugar, sin ningún sustento normativo, como aquella suspensión ilegal y absurda. Dicha instancia admitió la denuncia, situación muy diferente a declararla procedente. Admitirla sólo es sinónimo de recibida. Lo que corresponde en el proceso es que el JNE correrá traslado al Consejo Regional para que resuelva el pedido. Veremos qué resuelven los consejeros que ya tienen antecedentes de actuar de manera ilegal y contraviniendo las normas en clara afectación a los derechos políticos constitucionales.
Pero, me permito explicarles qué es una incapacidad mental, a fin que no vuelvan a patinar como cuando declararon la emergencia en Ica y utilizaron millones de soles de marera irregular, razón por la que hoy son investigados, o como cuando retrocedieron al dejar sin efecto una suspensión ilegal y arbitraria.
De acuerdo a sendas jurisprudencias, la causal de incapacidad mental no puede ser empleada con ánimos de venganza o represión política. Esta figura fue creada como un mecanismo de control político respecto al poder ejecutivo y el poder legislativo. Una figura que no contempla una institución de vacancia antojadiza con el único interés de eliminar a oponentes políticos. Juristas sostienen que, no se puede desnaturalizar la institución de la vacancia que supondría una afectación al equilibrio de poderes.
Para el constitucionalista Omar Cairo, la interpretación de la causal de incapacidad mental tiene una interpretación valorativa más constitucional que político. No podría entenderse como una calificación “moral” sino uno de extrema gravedad. El término “permanente incapacidad mental” no significa “inmoralidad”, sino imposibilidad de formular juicios morales (distinguir el bien del mal). Es decir, se trata de un problema mental debidamente acreditada por un organismo competente especialista.
Aprovecho este espacio para informar que, como personajes políticos estamos expuestos a críticas, pero jamás debe interpretarse como una licencia para difamaciones, calumnias, insultos y actos discriminatorios. Desde hace siete meses, como vicegobernadora regional he tolerado estas infamias en cada accionar ofensivo y denigrante de títeres que le son tontos útiles al asesor; comunicadores sociales, abogados, funcionarios y hasta locadores que por el temor de perder su trabajo deben obedecer con insultos en las redes sociales. Podemos discrepar en la vida política, pero enfrentemos las desavenencias con respeto y sin bajezas.
Con estas conductas solo reflejarían la intensión de desacreditarme y de invisibilizarme políticamente. Aún nos quedan tres años y cuatro meses de gestión; señor gobernador, señores consejeros, trabajemos por la región que nos eligió.
