Por: Miguel Arturo Seminario Ojeda

Historiador, director del Museo Electoral y de la Democracia

de la Dirección Nacional de Educación y Formación Cívica

 Ciudadana del Jurado Nacional de Elecciones

Entre el 11 y el 16 de septiembre de 1997, se reunieron en El Cairo los representantes de los Parlamentos Miembros de la Unión Interplanetaria (UIP), con ocasión de la 98ª Conferencia Interparlamentaria llevada a cabo esos días. Como uno de los frutos logrados se considera la Declaración Universal sobre la Democracia.

Se consignó en la primera parte a los principios de la democracia como un ideal universalmente reconocido, en cuya práctica no existen diferencias que generen abismos entre los seres humanos. En una segunda parte se tuvo en cuenta los elementos y ejercicio del gobierno democrático basado en la existencia de “instituciones bien estructuradas y que funcionen correctamente, así como en un cuerpo de normas y reglas, y en la voluntad de toda la sociedad”; es decir, que den garantía de la práctica y fortalecimiento democrático.

En la tercera parte de la Declaración se trató sobre su dimensión internacional, estipulándose que “la democracia debe ser también reconocida como un principio internacional, aplicable a las organizaciones internacionales y a los Estados en sus relaciones internacionales”. La democracia está presente en todo lugar, y donde haya personas cuyo comportamiento se inspire en valores de igualdad, respeto, tolerancia, inclusión y otros que, de paso, se orienten a la no multiplicación de conflictos sociales.

Cercano al 15 de septiembre, Día Internacional de la Democracia, evocamos a un iqueño, nacido en Pisco el 12 de septiembre de 1874, al magistrado Ricardo Leoncio Elías, hijo de Antonio Elías de la Quintana y Aurelia Arias de la Torre, quien en 1931 se desempeñaba como presidente de la Corte Suprema cuando renunció la junta de gobierno presidida por el coronel Sánchez Cerro, y a falta de sucesor legal, por acuerdo de una asamblea de ciudadanos notables, se le confió el Poder Ejecutivo el 1 de marzo de 1931, fijándose ese día como un hito en la historia de la democracia en el Perú.

Hitos de la democracia en el Perú

Cronológicamente evocaremos algunos hitos de la historia de la democracia en el Perú, como el de la conversión de súbditos a ciudadanos al realizarse, entre 1812 y 1814, las primeras elecciones municipales en el Perú, tras la promulgación de la Constitución de Cádiz del 19 de marzo de 1812.

La independencia nacional fue proclamada por el general San Martín, porque así lo demandaba la voluntad general del pueblo. Al año siguiente, en 1822, se evidencia la participación del pueblo peruano en la elección del primer Congreso Constituyente republicano que definió la forma de gobierno en el Perú.

La Ley Electoral de 1834 nos presenta una inclusión electoral restringida. Serían ciudadanos con derecho al sufragio aquellos que “paguen alguna contribución al Estado”. En ese sentido, los indígenas que pagaban tributos estaban considerados como votantes. Luego, la constitución conservadora de Huancayo estableció el ser letrado como condición al sufragio, sin embargo, la Ley de 1847 resaltó la excepción para indígenas y mestizos que habitaban las poblaciones donde no hubiera escuelas primarias.

En 1896, la creación de la Junta Electoral Nacional equivale al primer organismo con permanencia estable para regular los procesos electorales y el registro electoral. La reforma electoral incentivada por el presidente Nicolás de Piérola, en 1896, tuvo por intención romper con el juego arbitrario de los caudillos locales, quienes, con el control de los registros públicos, manipulaban la voluntad popular. Sin embargo, las mayorías analfabetas fueron excluidas del derecho al sufragio. Entendamos analfabetismo por no hablar ni escribir castellano, siendo los más perjudicados los pueblos indígenas.

En 1931, la creación del Jurado Nacional de Elecciones, el 26 de mayo de ese año, coincidió con el establecimiento del carácter secreto del voto, fijando en 21 años la edad para votar. Por Decreto Ley 7177 del 26 de mayo de 1931, la Junta Nacional de Gobierno, presidida por David Samanez Ocampo, creó el Jurado Nacional de Elecciones como máximo órgano rector de los procesos electorales, otorgándole una vida institucional autónoma, independiente y de naturaleza colegiada, paralela como garantía de la voluntad popular.

Otro de los hitos está cuando las mujeres tomaron la palabra. El 7 de setiembre de 1955 se logra el ansiado reconocimiento de la mujer en igualdad de derechos que el hombre; puede votar, elegir y ser elegida para la participación de la política en el Perú. Sucesivamente se continuará luchando por la inclusión social.

En 1979, la Constitución considera el voto de los analfabetos, que al momento eran una gran mayoría en el Perú. En 1980. Votan en elecciones generales en todo el país, los varones y mujeres de 18 años. Sucesivamente votarían los peruanos en el exterior. Sucesivamente, en 1997 se establece la cuota de mujeres en las elecciones municipales. En 1998, la cuota de mujeres en el Congreso, y en el 2002 la cuota de mujeres en las elecciones regionales.

En el siglo XXI, el 2002, se establece la cuota indígena en las elecciones regionales y municipales en las provincias, y en el 2005 la cuota de las comunidades campesinas. En el 2006 se establece la cuota de jóvenes en elecciones municipales, y en el 2009 en elecciones regionales. En el 2006 votan los miembros de la Fuerza Armada y de la Policía Nacional del Perú.

Por otro lado, las mujeres organizadas siguieron luchando, hasta lograr que la paridad y alternancia se conviertan, gradualmente, en una realidad.