| Por: Luz Mery Canales Trillo
@LuzCanalesTrillo
Vicegobernadora regional de Ica
El sistema político democrático del Perú se rige en nuestra Constitución con la independencia de los poderes del Estado y el control político, a fin de ser un Estado de derecho. Entre los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial existe una separación de poderes y, a su vez, existe un control político. El Legislativo fiscaliza al Ejecutivo y a través de las interpelaciones y la cuestión de confianza como mecanismos de control, va regulando los excesos. Esto es equilibrio de poderes y se establece con la finalidad de que ninguno acapare a los otros. Es propicio precisar que ninguno está por encima del otro. Los tres poderes del Estado tienen el mismo nivel de importancia y jerarquía.
Todo lo anterior está establecido en la ley, pero la realidad supera de sobremanera las normas. Actualmente los congresistas en su mayoría llegan a ocupar una curul solo para ponerle precio a su opinión y su voto en pleno. Los del Ejecutivo, ofrecen ministerios y obras para no ser fiscalizados. Sus miembros del poder Judicial politizan su trabajo y empiezan las negociaciones con los congresistas. Por ello, la impunidad de los «Cuellos Blancos», «Los Hermanitos» y “Chávarry”
Lo mismo ocurre en los tres niveles de gobierno. Central, regional y local. Los consejeros y regidores cumplen un rol de control similar al Congreso. Entonces, ahora entendemos cuando una gestión se silencia ante hechos corruptos. Muchos alcaldes callan o permiten que sus regidores (as) sean negociables. Muchos gobernadores son quienes ofrecen obras y espacios ejecutivos a los fiscalizadores para evitar el control político. Esto se repite cada cuatro o cinco años, un ciclo vicioso que solo da ganancia a sus bolsillos y pobreza a la población. Mientras esto es prioridad para mantenerse en el poder, el desarrollo de los pueblos sigue en espera. Personalmente me causa tristeza que, pese a la lucha histórica por presencia de mujeres en espacios políticos, algunas silenciadas solo hayan ingresado para coludirse y negociar los recursos con el Estado.
La separación de poderes implica el respeto a las normas y la idoneidad del funcionario público. Ese control de poderes permite la estabilidad política, social y económica del país. En efecto, no existe fiscalización ni control político si esta separación de poderes se convierte en corrupción, impunidad y negociación de intereses partidarios, personales o favores a terceros.
Por todo lo expuesto, el Perú necesita de instituciones de control, pero más indispensable es saber quiénes llegan a cada institución o poder del Estado.
