| Daniel Bravo Dextre
Durante años, más de seis mil pobladores de los diversos asentamientos humanos y asociaciones de vivienda que existen en el centro poblado “Tierra Prometida” de Comatrana, han vivido con violencia y temor por parte de traficantes de terrenos, sicarios y delincuencia común, con saldo de muertos y heridos.
Luego de 25 años en que aparecieran los primeros moradores del asentamiento humano “El Huarango”, el sector “Tierra Prometida”, gestado en el segundo gobierno municipal aprista de Rosa Zárate Sánchez, recién se realizan los preparativos para que en dicho centro poblado exista una Comisaría regentada por el Frente Policial Ica.
Así lo anunció ayer formalmente el alcalde provincial, ingeniero Carlos Reyes Roque, en la reunión multisectorial que sostuvo para ver el tema de Seguridad Ciudadana en Tierra Prometida.
Refirió que había ordenado a sus funcionarios y especialistas la elaboración de un estudio y expediente técnico para la construcción de la comisaría en Tierra Prometida. Luego del importante anunció, el alcalde y demás autoridades y funcionarios de instituciones públicas suscribieron un acta con acuerdos para beneficio de los pobladores de ese populoso sector que se proyecta como zona de expansión urbana municipal.
La reunión se realizó en el sector UPI, El Huarango, en la que también participaron el representante del gobernador regional, ingeniero Carlos Zegarra Sánchez; la prefecta regional, Peggy Arias; el comisario de Ica, comandante PNP Carlos Porras Aragón; además de dirigentes vecinales y moradores.
De otro lado, el alcalde señaló que, si bien se cuenta con el financiamiento regional para la construcción de las obras de servicio de agua potable y alcantarillado, es finalmente la empresa Emapica la que evaluará y determinará la viabilidad de las obras.
También pidió a la población denunciar a los traficantes que siguen apropiándose de terrenos de uso común, como los destinados para la planta de tratamiento de residuos sólidos, que de mantenerse ocupados seguirá impidiendo que se inicien las obras para instalar los servicios básicos.
“He dispuesto que el procurador municipal denuncie a los traficantes. De requerirse, proceda a iniciar proceso judicial para cumplir con el desalojo y demolición de las construcciones ilegales en los espacios públicos. En ello seremos firmes”, concluyó la autoridad edil.
