| Por: Paulo Quequezana
Analista de estudios económicos de ComexPerú.
Las actividades extractivas representan uno de los principales motores de desarrollo del país, ya que la explotación de nuestros recursos naturales genera una enorme cantidad de ingresos a las arcas del Estado. El propósito de este dinero es mejorar las condiciones de vida de la población, en especial de aquella en la que se ubican estas actividades, a través del financiamiento de proyectos de inversión pública que estén bajo la administración de los gobiernos subnacionales (gobiernos regionales y gobiernos locales). Sin embargo, uno de los problemas que se ve año a año es que estos recursos no se utilizan en su totalidad, dejándose de lado cifras considerables.
En 2022, por ejemplo, se transfirieron S/ 14,956 millones a los Gore y a las municipalidades por conceptos de canon minero, regalías mineras, canon y sobrecanon petrolero, y canon gasífero. Junto con recursos que habían quedado sin utilizar de periodos pasados y la correspondiente programación presupuestal del año, estas autoridades contaron con un total de S/ 23,595 millones para utilizar en proyectos de inversión pública. No obstante, solo acabaron usándose S/ 19,534 millones, es decir, el 68%. Este porcentaje no es de extrañar, ya que, en promedio, entre 2008 y 2021 los gobiernos subnacionales registraron un nivel de ejecución del 65%. En pocas palabras, lo “usual” es que un tercio de todo lo que se recauda por explotar recursos naturales en el Perú acabe siendo “abandonado”.
¿Cómo ha manejado Ica este tipo de recursos recientemente? El año pasado, entre el gobierno regional y las municipalidades iqueñas recibieron S/ 1,656 millones por todos los conceptos de canon. De estos, el 77% correspondió al canon minero y las regalías mineras. Ya a nivel de presupuesto para invertir, las autoridades de Ica manejaron S/ 1,645 millones, ocupando el cuarto lugar en cuanto mayores recursos, detrás de Áncash, Cusco y Arequipa. Dicho esto, el nivel de ejecución acabó siendo del 52%, lo que hizo que Ica tuviese el cuarto puesto nuevamente, pero esta vez, entre los departamentos con menor porcentaje.
Los números de 2023 tampoco parecen augurar una mejoría. Las transferencias totales por los conceptos extractivos han sido iguales a S/ 1,011 millones, de los cuales el 87% corresponden a los conceptos mineros. El presupuesto para inversión para los gobiernos subnacionales financiado por el canon es de S/ 1,330 millones, y su ejecución a agosto del presente año es del 32.5%. Si bien este es un porcentaje intermedio entre el resto de los departamentos, lo más negativo es que las municipalidades iqueñas, que cuentan con S/ 1,041 millones de esos S/ 1,330 millones, solo han ejecutado un 29.8%.
El bajísimo porcentaje de las municipalidades es una señal muy clara de la ineficiencia que presentan al tratar proyectos de inversión pública. A su vez, los datos nos muestran que la famosa “falta de recursos” no es el problema, sino el hecho de que estos ingresos nunca son utilizados en su 100%. No debería sorprendernos entonces que, dada esta condicionante, no se vean mejoras en la calidad de vida de la ciudadanía ni nuevas oportunidades de desarrollo económico para las regiones. El acompañamiento, capacitación y monitoreo de los gobiernos subnacionales resulta vital para tratar de darle vuelta a esta situación, pero con tantos años en los que el canon es, en la práctica, desperdiciado, se haría bien en repensar la manera en que los recursos extractivos acaban distribuyéndose.
