| Daniel Bravo Dextre
Ante el anuncio del pronto inicio de operaciones de la planta desalinizadora de Paracas, por parte de GCM Perú, empresa perteneciente a la transnacional IDE Tecnologies, la Asociación Gremio del Pescador Artesanal y Extractores de Mariscos de San Andrés nuevamente expresa su oposición al funcionamiento de dicho complejo industrial.
Con la finalidad de emitir un nuevo pronunciamiento y adoptar otras acciones contra esa pretensión, el gremio de extractores y pescadores artesanales a las 6:00 de la tarde de ayer sostuvo una asamblea popular en el auditorio “José Olaya” del muelle de San Andrés.
Dirigentes de los dos gremios importantes pidieron el apoyo de la población para que no prospere el funcionamiento de la planta, bajo el argumento que afectará el ecosistema marino y será una amenaza latente a las zonas de trabajo de los extractores y pescadores artesanales.
“Desalinizar el mar es convertir el agua salada a dulce para el consumo de las industrias que se encuentran en el distrito de Paracas y que representarán millones de metros cúbicos con efectos en nuestro mar y toda la zona de influencia, donde nuestros hermanos pescadores tienen sus criaderos de conchas de abanico”, son otros de los argumentos para oponerse al funcionamiento de la planta.
En anterior comunicado, el gremio artesanal sostuvo: “Las experiencias negativas que hemos experimentado por muchos años, tanto por la instalación de las empresas pesqueras y otras industrias, nos ha costado sacrificios defender nuestra fuente de trabajo”.
En respuesta a ello, GCM Perú sostiene que ha cumplido estrictamente y de manera transparente, con todos los procedimientos y el debido proceso para la obtención de su licencia de construcción, otorgada por la municipalidad distrital de Paracas en el 2020; y recientemente, la licencia de funcionamiento, emitida por la actual gestión edil, por mandato de una resolución del Indecopi de fecha 10 de julio del 2023, que declaró fundada la demanda de GCM Perú contra dicha comuna distrital “por barreras burocráticas al exigir a la empresa una serie de requisitos que excedían ampliamente la regulación de la Ley Marco de Licencias de Funcionamiento, estipulada en el Texto Unico de Procedimientos Administrativos (TUPA)”.
