| Por: Lic. Jesús Acevedo Herrera
Past Decano del Consejo Regional de Ica
Colegio de Periodistas del Perú
Reg. FPP. 5385
Reg. CPP. 030
Tan igual como sucede en otros lugares del país, es alarmante el repunte de la delincuencia en la región Ica, produciéndose con más frecuencia en las ciudades de Chincha, Pisco e Ica, tornándose cada día más difícil debido a la incapacidad y falta de atención de las autoridades del Gobierno Regional, Prefectura, alcaldes provinciales y distritales, ministerios Público y de Justicia, Policía Nacional y representantes de la sociedad organizada, que no se deciden a trabajar juntos y unidos contra la delincuencia, cumpliendo cabalmente con el Plan Regional de Seguridad Ciudadana -¿si existe, o no?- que los oriente y cumplan con las medidas contra el crecimiento incontrolado de los delitos que se cometen y que causa la desesperación de la población.
El gobernador regional Jorge Hurtado y los alcaldes provinciales, a pesar de ser las principales autoridades, prácticamente se han sumado al olvido, la falta de atención y apoyo para que no se cumpla la ejecución de acciones y medidas que fortalezca la seguridad ciudadana, que debe ser planificada y ejecutada en forma permanente para contrarrestar el aumento del nivel de actos delictivos que se producen en la sociedad.
Las autoridades deben cumplir la ejecución de acciones señaladas en un Plan Regional de Seguridad Ciudadana y realizar reuniones de coordinación, que deben ser semanal o mensual, para que exista un conocimiento de la tasa de criminalidad y tener, de esta manera, una evaluación integral de las acciones concertadas de los sectores. Solo así se podría revertir la tendencia al alza de la delincuencia y recuperar la confianza en el sistema de justicia y seguridad en la región.
En la región Ica y en las municipalidades, se supone, debe existir un Plan Regional de Seguridad Ciudadana como antes se hacía cada año. Esta vez, si no existe el referido documento y en esta situación de emergencia que vive la sociedad, tienen que hacerlo a fin de que cada sector tenga la oportunidad de informar la realidad que le sucede; incluso, los alcaldes encargados de los comités de seguridad ciudadana deben convocar a la ciudadanía para informar sobre el estado actual y recibir sugerencias. Ese es un verdadero trabajo de diálogo con el pueblo.
Ante la falta de planes de seguridad ciudadana en el 2023, a pesar de haber transcurrido cerca de un año en sus funciones, las autoridades deben instalar los comités de seguridad para posibilitar las reuniones de coordinación en el trabajo contra la delincuencia.
Por otro lado, en el plan de seguridad ciudadana debe estar la importancia para que se asignen mejores recursos a la Policía Nacional y puedan cumplir mejor con sus labores de investigación, seguimiento y captura. Debe ser un Plan Operativo más efectivo para la policía, a la que, lamentablemente, no se le otorga mayores recursos para actuar frente al delito. Asimismo, disponer de un mayor número de agentes encubiertos, patrullando las calles y sean capaz de identificar rápidamente los focos criminales que existen.
Existe la necesidad de tener un plan que vaya más allá del estado de emergencia y que se de en forma articulada con el objetivo principal de reducir la delincuencia. El aumento de la tasa de criminalidad requiere una evaluación integral y acciones concertadas de diferentes sectores. No puede atribuirse a un solo culpable, solo a través de un esfuerzo conjunto será posible revertir la tendencia al alza y recuperar la confianza en el sistema de justicia y seguridad del país.
Es importante que también se promueva una mayor participación ciudadana y se establezca mecanismos de rendición de cuentas. Esto implica un enfoque integral que abarque desde la revisión de políticas y estructuras organizativas, hasta la asignación de recursos y la coordinación efectiva entre instituciones.
