Según el dictamen que obtuvo de 10 votos a favor en sesión del grupo de trabajo, debe ser agendado y debatido en el pleno del Congreso el proyecto de ley de la Comisión de Descentralización del Congreso de la República que consiste en la eliminación de los cargos de prefectos regionales y subprefectos provinciales y distritales, designados por la Dirección General de Gobierno del Ministerio del Interior.

Como se sabe, dichas autoridades políticas llamados “representantes del presidente de la República” (¿?) tienen como función principal la coordinación, supervisión y orientación con los órganos desconcentrados; asimismo, mantener el orden público, gobernabilidad y la paz social. Sin embargo, los 26 prefectos regionales, 186 subprefectos provinciales y 1,396 distritales no cumplen con sus funciones, sobre todo lo relacionado a seguridad ciudadana, ya que cada día avanza más la delincuencia. El prefecto debe ser un profesional con capacidad que le permita ser un líder democrático y coordinador, que esté al frente de las autoridades en la solución de los diversos problemas que agobian a nuestra colectividad; sin embargo, no sucede así.

Estos cargos, muchos años atrás, se otorgaba a distinguidos y honorables ciudadanos que al ser designados se transformaban en luz para iluminar la unión y fraternidad de las autoridades en busca del desarrollo y progreso. Ahora no es así, es diferente, estos cargos son usados por los gobiernos de turno como si fuera una repartija de trabajo designado a dedo, convirtiéndose en un brazo político, donde existen agitadores sociales que ganan sueldos: si es prefecto hasta S/ 7,000 y los subprefectos a S/ 6,500 mensual, además, de S/ 1.5 millones en adquirir componentes y equipos informáticos, a nivel nacional.

Lo más grave es que el actual gobierno ha puesto en esos cargos a miembros del MOVADEF (origen senderista) y también a personas ligadas al partido denominado “Ciudadanos por el Perú”, que es promovido por Nicanor Boluarte (hermano de la presidenta) en diferentes regiones del país; tal es el caso en Ica, la prefecta Peggy Elises Arias Barrios es requerida por ser clave vital en la formación del proyecto político en mención.

Estos cargos públicos deben ser eliminados por obsoletos y nocivos, existen solo por razones políticas bajo un esquema de clientelaje y no brindan ningún servicio efectivo a la población; tampoco son necesarios en la estructura de un estado descentralizado porque interfiere en trabajos paralelos a los que realizan funcionarios de autoridades electas, como gobernadores y alcaldes.