El Estado peruano, constitucionalmente, está constituido por tres poderes con el objetivo de mantener el equilibrio y control político. Cada poder es autónomo; sin embargo, existen situaciones donde se controlan entre ellos a fin de evitar un desequilibrio preponderante de un solo poder. Así fue creado el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Hoy, vemos que el Congreso de la República ostenta de mayor poder sobre las instituciones autónomas, incluso sobre los poderes del Estado.
Es evidente que este gobierno de Boluarte se acomodó a intereses del fujimorismo, aquí ya dejó de importar las camisetas políticas y las posturas de derecha, centro e izquierda; se han unido descaradamente. El Congreso ha interferido en la elección de cuadros decisivos en el Poder Ejecutivo y el Judicial. El control al Estado peruano lo tiene el Congreso, un control que está causando efectos muy dañinos para el país. En este grupo parlamentario no importa las demandas ni necesidades del Perú. Todo este año estuvimos en recesión económica grave que le costó reconocer a este gobierno. En plena crisis, los congresistas decidieron aprobarse bonos no solo para esta Navidad, sino también todo el 2024.
Es el Congreso quien elige al defensor del Pueblo, también elige al contralor de la República y a los miembros del Tribunal Constitucional; a su vez, todos ellos eligen a la Junta Nacional de Justicia. Lo que estamos viendo en toda la historia de los últimos 20 años, es que, el Congreso ha podido capturar todas las instituciones poniendo e imponiendo cuadros a su medida. Consiguen, con ello, legislar a su conveniencia y sus intereses; impunidad en el fuero fiscal y judicial; episodios como estos son lamentables y perjudiciales para el país.
Este acaparamiento es muy preocupante y peligroso porque atenta contra la autonomía, el equilibrio de poderes, la institucionalidad y, sobre todo, la democracia que tanto defendieron los de derecha con temor a los de la izquierda. Hoy, ambos, de la mano destruyen el país. Aprobaron recientemente la contrarreforma universitaria, un retroceso en la educación. Se aprobó un repliegue en la lucha contra el lavado de activos y la criminalidad; se bajaron la colaboración eficaz cortándole el tiempo para que ayude en las investigaciones. Eliminaron las PASO, un proceso que garantizaba la democracia y transparencia para el proceso electoral. Ahora seguirá siendo a dedo las candidaturas y, sobre todo, comprable a mejor postor para tomar los primeros números. Con todo esto, el Congreso perpetúa la corrupción e impunidad.
