| Por: Lic. Jesús Acevedo Herrera

Past Decano del Consejo Regional de Ica

Colegio de Periodistas del Perú

El Gobierno Regional de Ica, la Dirección Regional de Educación y las UGELES de la región Ica, paulatinamente se burlan y lesionan la autoestima y difícil situación económica de docentes, cesantes y jubilados del sector educación, al no cumplir con pagarles en forma continua y permanente la deuda social o bonificación especial por los años de servicios realizados, entre ellos la bonificación especial mensual  del 30 por ciento por preparación de clases y evaluación, que fueron conseguidos por sentencias judiciales a favor de los beneficiarios, por haber laborado como docentes, lo que fue reconocido por el Estado en base a criterios establecidos por la Ley 31728, que permite el pago, y el Decreto Supremo 113-2023-EF. 

En el caso de la región Ica, al Gobierno Regional, Dirección Regional de Educación y las UGELES, el Ejecutivo, tan igual que en otras regiones, les otorgó la responsabilidad para, en forma mensual, cumplir a cabalidad, honrando el pago de la deuda social a los que cuenten con requerimiento de pago judicial, es decir, estando con ejecución de sentencia, para lo cual publicó en el diario El Peruano el Decreto Supremo 113-2023 donde el Poder Ejecutivo transfiere  a los sectores mencionados -a nivel nacional- el presupuesto de  1,200 millones de soles para el pago de 102,529 docentes, cesantes, jubilados y trabajadores administrativos del sector Educación.

Sin embargo, esta deuda no se cumple así, esta medida legal no se acata. Las veces que se ha otorgado el pago a cargo de los gobiernos regionales, como el de Ica, el pago de las sentencias judiciales en calidad de cosa juzgada o deuda social, solo se realiza otorgándose un mínimo porcentaje de la deuda total, y no en forma mensual como se dispuso por ley sino en el tiempo de un año de haberse producido la orden, atentando contra la economía de cesantes y jubilados del sector educación.

En Ica, docentes, cesantes y jubilados mayores de 70 años, con un mísero sueldo no mayor de mil soles mensuales, reclaman airadamente que las autoridades de mayor jerarquía, gobernador regional de Ica, Jorge Hurtado y al director regional de Educación, Gustavo Céspedes, tienen la obligación de gestionar ante los ministerios de Educación y Economía y Finanzas a fin de poder cumplir con el mandato judicial. En caso de omisión, pueden ser sancionados por resistencia y desobediencia a la autoridad judicial y hasta, incluso, con la destitución en el cargo.

Beneficiarios de Ica afirmaron, como ejemplo, que en el año 2023, en el mes de julio, se pagó parte del reintegro de la deuda total hasta en un 5 por ciento de la deuda total. Como si esto fuera una burla o mofa, los funcionarios de Educación añadieron que otro reintegro se iba a depositar a los beneficiarios en el mes de diciembre del mismo año. Sin embargo, eso no sucedió así, eso fue solo una “falsa promesa” que nunca se cumplió. Ahora, afirman que se pagará a fines de este mes de enero con los saldos presupuestales; el Gobierno Regional de Ica debe pagar un reintegro más de esta deuda social, caso contrario se efectuará en los meses de junio o julio próximos. O sea, se cumplirá un año la demora de estos derechos, siendo esto una verdadera burla y escarnio contra gente humilde.

“No sean mezquinos, orienten con la verdad; eso de que van a pagar a todos -así no tengan sentencia- es falso. De acuerdo a la Ley de Presupuesto del Estado, están obligados a honrar el pago de la deuda social solo a los beneficiados que cuenten con requerimiento de pago judicial, es decir, en ejecución de sentencia”, afirmaron algunos manifestantes.