| Por: Raúl Bravo Sender
El año pasado, en el contexto de las protestas en contra de la entonces asumida en el cargo de Presidente de la República por sucesión constitucional, Dina Boluarte Zegarra, ésta dijo una frase de la que después tuvo que pedir disculpas públicamente: “Puno no es el Perú”. Recordemos que -en enero del 2023- en dicha región se exacerbaron los ánimos de los manifestantes, que llegaban a la capital en camiones para la que llamaban “la toma de Lima”, e incluso hubo algunos desaforados que proclamaban una suerte de anexión a Bolivia, argumentando que conformaban un grupo étnico disperso entre los dos países andinos.
Las protestas del año pasado, que comprendieron bloqueos de pistas y carreteras, cierres de mercados, además de tomas de aeropuertos y atentados a la propiedad pública y privada -colindando con la criminalidad-, originaron que desde el gobierno se declarara en emergencia a gran parte del territorio nacional. Y Puno fue militarizada para, además, resguardar la soberanía e integridad territorial del Estado en la frontera con Bolivia por la infiltración de agitadores provenientes de dicho país.
Conforme a nuestra Constitución vigente, el Perú es un Estado unitario, una república democrática y descentralizada que se organiza en función al principio de separación de poderes. El gobierno central es el que ostenta la soberanía nacional, monopolizando la función de garantizar la seguridad interna y externa, además de la conducción de la política exterior. La organización territorial comprende a los distritos, las provincias y los departamentos, siendo que los actuales gobiernos regionales vienen funcionando sobre la base de la demarcación territorial de los departamentos.
Siendo el Perú un Estado unitario, existe un centro de origen del ordenamiento jurídico aplicable a todo el territorio nacional. Sin embargo, hoy se pretenden oponer quienes se autocalifican integrantes de grupos nacionales. Lo cierto es que el Estado peruano otorga la nacionalidad peruana, y su marco normativo garantiza la convivencia democrática de todos los individuos, y nadie tiene mayores ni mejores derechos, sea cual fuere su origen étnico, racial, cultural o de cualquier otra índole. Son peruanos los nacidos en su territorio, además de los hijos de éstos nacidos en el extranjero.
A menudo, muchos de estos personajes que exaltan su identidad étnica y cultural reniegan de Occidente y sus valores, culpándolo de su propio atraso, exigiendo -además- una suerte de desagravio por la conquista española. No se trata más que de un chauvinismo que a estas alturas ya se ha superado en el actual contexto de la globalización. Pero, en el fondo es un nuevo caballito de batalla del comunismo internacional para sacar crédito mediante la confrontación -similar a la oposición entre capitalistas y proletariado- de las personas por su origen étnico. Una nueva lucha de clases. Obviamente, las personas tienen derecho a sentirse identificadas con ciertos elementos culturales, étnicos, racionales, lingüísticos, religiosos y de otras índoles. Pero el orbe, en realidad, es una red pública que garantiza la convivencia democrática de todos.
Lo curioso es que muchos de los integrantes de estos grupos étnicos y culturales profesan con mayor fervor al occidental catolicismo, como es el caso de la festividad de la Candelaria, una manifestación cultural, étnica y religiosa que viene desarrollándose en Puno. Hecho que confirma que la racionalidad del mercado les ha ganado a los demagogos y populistas de las protestas, quienes crearon las condiciones para que el año pasado no pudiera celebrarse, perjudicando así a todos, pues los festivos han terminado rindiéndose a la oportunidad del turismo como un motor para la reactivación económica, poniendo en vitrina sus costumbres. A las finales, lo que termina integrando a todas las personas, al margen de sus diferencias, es el lenguaje del comercio, que hace abstracción del individuo.
